Bush retorna a frontera con México para hablar de inmigración

08 de abril de 2007

Washington - El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien hace cerca de un año destinó a miles de soldados para aumentar la vigilancia de la frontera con México, interrumpirá mañana sus vacaciones y viajará a Yuma (Arizona) para presentar su plan de reforma a la ley de inmigración.

La Casa Blanca no ha dado muchos detalles del viaje, que coincide con la revitalización de las marchas callejeras de quienes demandan la legalización de millones de inmigrantes indocumentados.

Según la Oficina del Censo, en EEUU hay unos doce millones de inmigrantes indocumentados, pero varios grupos que trabajan en torno al problema de la inmigración sostienen que la cifra podría llegar a 18 millones.

En la visita se espera que Bush inspeccione el puesto de entrada frente a la ciudad mexicana de San Luis y que le acompañen el senador John Kyl y el representante Jeff Flake, ambos republicanos de Arizona.

En mayo del año pasado llegaron a Yuma los primeros destacamentos de la Guardia Nacional de otros estados, enviados por Bush para que den apoyo a las labores de la Patrulla de Fronteras que vigila el límite de casi 3.200 kilómetros.

Los soldados, que cumplen turnos de dos o tres semanas, han ayudado en la extensión de vallas y la apertura de caminos paralelos a la frontera para la circulación de los vehículos de la Patrulla. El contingente militar es de unos seis mil soldados.

Desde entonces, según Michael Friel, portavoz de Aduanas y Protección de Fronteras, los soldados de la Guardia Nacional han ayudado a la Patrulla de Fronteras en 45.000 arrestos y en la incautación de 500 vehículos, de 77 toneladas de marihuana y de 1,3 toneladas de cocaína.

"Hemos podido movilizar los recursos de la Guardia Nacional para mejorar la seguridad en la frontera", dijo Friel.

Cuando en abril del año pasado Bush anunció la movilización de soldados también propuso un plan para lidiar con la inmigración, que incluyó un programa de trabajadores temporales y sanciones para los empleadores que contraten a inmigrantes indocumentados.

El plan de Bush, además, contempla un trámite para que la mayoría de los indocumentados obtenga, primero, la residencia legal y luego la ciudadanía.

Durante la primavera del año pasado hubo populosas manifestaciones en las grandes ciudades de EEUU, integradas por inmigrantes documentados e indocumentados, quienes atrajeron el apoyo de algunos políticos que favorecen la legalización de los que han llegado ilegalmente a Norteamérica.

A finales del año pasado Bush visitó la zona fronteriza y promulgó en Paradise Valley una ley que aumentó los fondos para la seguridad en la frontera.

La demostración de fuerza de los inmigrantes, que no logró expresarse en un movimiento unificado y dejó a la vista las discrepancias tácticas de diversas organizaciones, trajo una reacción más enérgica de quienes creen que Estados Unidos es objeto de una "invasión" de indocumentados.

Ayer miles de personas se manifestaron en Los Ángeles para protestar contra las políticas migratorias de la Casa Blanca, lo que podría marcar una reivindicación de las manifestaciones de inmigrantes.

Muchos de los participantes en el acto bailaron al ritmo de rancheras mexicanas y portaron banderas estadounidenses, así como pancartas con mensajes que pedían "Amnistía ahora".

Los activistas pro-inmigrantes dicen que muchos de los indocumentados del área se sienten traicionados por Bush, a quien durante mucho tiempo habían considerado un aliado.

Un borrador de reforma migratoria de la Casa Blanca que se filtró a la prensa la semana pasada solicita el establecimiento de un nuevo visado "Z", que permitiría que los trabajadores indocumentados soliciten permisos de trabajo por tres años.

Esos visados se podrían renovar de forma indefinida, pero costarían 3.500 dólares cada vez que se venza.

Para obtener un permiso y convertirse en residentes legales, los indocumentados tendrían que regresar a sus países de origen, solicitar la entrada legal a EEUU en una embajada o consulado estadounidense y pagar una multa de diez mil dólares.

La propuesta es criticada por grupos pro-inmigrantes, el Partido Demócrata, la Iglesia Católica y sindicatos, que argumentan que los costos de los permisos de trabajo y la solicitud de una "tarjeta verde" para obtener la residencia permanente superarían los 20.000 dólares, un importe prohibitivo para trabajadores con sueldos bajos.

El plan es mucho más conservador que el aprobado el año pasado por el Senado y que contaba con el visto bueno de Bush.

Esa iniciativa habría permitido que muchos de los doce millones de indocumentados permanecieran en EEUU, donde podrían trabajar y solicitar la residencia tras aprender inglés, pagar pequeñas multas y poner al día su pago de impuestos. EFE