13 de abril de 2007


Tegucigalpa - El Parlamento de Honduras no rebajará las penas de cárcel aplicables a los pandilleros por el hecho de serlo, como propuso un grupo de trabajo de las Naciones Unidas, dijo hoy el presidente del Legislativo, Roberto Micheletti.

"No vamos a hacer reformas que vengan a ablandar lo que se ha estado haciendo hasta el momento", declaró Micheletti a periodistas que le preguntaron sobre la recomendación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas contra la Detención Arbitraria.

Micheletti enfatizó que en el Congreso Nacional "podemos revisar, hablar, ver el tema, pero no vamos hacer reformas" porque con la ley contra las pandillas o maras "se han logrado objetivos positivos".

"Si se abren espacios se podrían causar muchos daños a la sociedad", insistió, y subrayó "la responsabilidad que tienen el Congreso y el Gobierno para darle seguridad a la población".

La fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público de Honduras, Sandra Ponce, anunció el miércoles la recomendación del grupo de trabajo de las Naciones Unidas, emitida recientemente en Ginebra después de que sus miembros visitaran Honduras en 2006.

La llamada "ley antimaras", aprobada en 2005, establece un castigo de hasta 30 años para los jefes de pandillas y 20 para los que solamente son miembros, en ambos casos por el hecho de serlo, bajo el delito de asociación ilícita, entre otras penas.

Ponce explicó que el grupo de trabajo señaló "la desproporción que existe en la pena asignada al delito de asociación ilícita" en relación, incluso, al de asesinato, por lo que "ha recomendado al Estado que haga una revisión en cuanto a esta proporcionalidad".

La fiscal dijo estar de acuerdo con que "sí debe haber una revisión" de dichas penas, al igual que algunos organismos de derechos humanos y juristas, aunque otros sectores rechazan tajantemente la recomendación.

Ponce argumentó que el delito de asociación ilícita debe conllevar "una pena razonable" y que, si un pandillero es condenado por asesinato, sí se le castigue con una dura sanción, que en Honduras es de 30 años de cárcel.

El Parlamento hondureño aprobó las sanciones contra pandilleros en 2005 a raíz de que perpetraron la matanza a tiros de 28 personas en un autobús del transporte urbano en Chamelecón, norte del país, el 23 de diciembre de 2004.

Las autoridades hondureñas atribuyen a las pandillas gran parte de la violencia que azota al país y en ciertos casos las vinculan al narcotráfico y otras formas del crimen organizado. EFE