19 de abril de 2007
Por Dagoberto Rodríguez
Proceso Digital

  • Cooperación y organismos financieros temen que sesgo populista del Presidente Zelaya eche por el suelo las metas macroeconómicas

Tegucigalpa - En lo que va de su gestión, el gobierno del presidente Manuel Zelaya “derrochó” los fondos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) en cumplir las promesas de su campaña electoral, según señala un informe divulgado hoy por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA)

El extenso informe, que fue divulgado el miércoles, establece que la ERP se ha quedado en simple retórica del gobierno, ya que dos de cada tres lempiras de los fondos de condonación estimados para el 2006 se destinaron a “asuntos relacionados con las promesas de campaña del presidente Zelaya, tales como el salario para aumentar la fuerza policial, salarios a maestros, médicos y otros rubros relacionados”.

El documento fue elaborado por los consultores Niek de Jong y Kees Biekart del Instituto de Estudios Sociales, Rafael del Cid, ESA Consultores, y Geske Dijkstra de la Universidad Erasmus de Rótterdam y se presentó en un momento en que las municipalidades del país han venido cuestionando el proceso de asignación y desembolsos de recursos de la ERP.

La investigación establece que se esperaba que el 2006 fuera un año de implementación acelerada y notoria de la ERP, dado que Honduras alcanzó el punto de culminación de las negociaciones de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) apenas un año antes, pero la realidad fue otra, ya que el grado de implementación de las políticas de reducción de pobreza que propone la ERP fue muy bajo.

“Lo que pasó con la ERP en 2006 ha afectado la credibilidad de la Estrategia como conjunto de políticas de Estado”, puntualiza el informe en una de sus partes.


Manuel Zelaya, presidente de Honduras.

Además, señala que pese a la ERP y al importante crecimiento de las remesas de Estados Unidos, la pobreza en Honduras se resiste a disminuir y, al mismo tiempo, la desigualdad se ha incrementado y continúa siendo más alta en el área rural que en la urbana, desde el inicio de la citada estrategia.

Por otro lado, la ejecución de la ERP no ha mejorado la distribución del ingreso de los hogares hondureños.

Un aspecto que llama a la preocupación es el hecho que el informe advierte que los pronósticos de la mitad de los 22 indicadores ligados a las metas globales de la ERP en 2005 muestran que al final de la gestión de Zelaya no se alcanzarán las metas definidas para el 2015.

“Las tendencias en el comportamiento de los 22 indicadores ligados a las metas globales de la ERP en 2005 muestran que 11 de ellos presentan una brecha de incumplimiento entre lo planeado y lo observado. Los casos más evidentes son la tasa de pobreza extrema (-7.4), tasa de pobreza (-6.9), tasa de mortalidad de menores de 5 años (-6.0) y número de áreas protegidas prioritarias con planes de manejo (-6.0). Dichas brechas permiten inferir que existe una baja probabilidad de alcanzar la meta planteada al 2015”, apunta la investigación.

Los antecedentes
En abril de 2005, Honduras alcanzó el punto de culminación bajo la Iniciativa (HIPC) y en mayo del 2005 el Club de París otorgó una condonación de 1,061 millones de dólares de la deuda externa pública. Eso permitió que el país logrará, por primera vez desde 1997, reducir su deuda externa, gracias a la reducción de pasivos públicos.

Honduras también logró una condonación de aproximadamente 1,300
millones de dólares de la deuda con el Banco Mundial y el FMI, y
recientemente, dentro de la iniciativa MDRI alcanzó una condonación de aproximadamente 1,400 millones de dólares de la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además de estos fondos, el país se ha beneficiado con recursos de donación, ya que a diciembre del 2005, el país recibió 147.51 millones de dólares en concepto de donaciones y otros 4.41 millones se recibieron en el primer trimestre del 2006 como cooperación no-reembolsable.

Oscuro rumbo de la economía
En lo que concierne al rumbo de la economía, el informe de la cooperación sueca señala que existe preocupación en la cooperación internacional y los organismos financieros de crédito en el sentido que el gobierno del presidente Zelaya continúe con su sesgo populista y eso eche por tierra lo alcanzado en materia macroeconómica.

“Basados en el contenido de los mensajes de su campaña es de esperar que la política económica del Presidente Zelaya continúe enmarcada en el PRGF acordado con el FMI.

No obstante, a pesar de las predicciones optimistas oficiales respecto al déficit fiscal, fuentes internas, así como el FMI y el BM expresaron temor de que el déficit se dispare por encima de lo acordado debido al sesgo populista que el nuevo Presidente mostró en los inicios de su gestión”, apunta.

Añade el informe que después de las conflictivas negociaciones con el gremio magisterial, el presupuesto público se ha elevado a 43,500 millones de lempiras, aproximadamente 2,200 millones de dólares en el 2006.

Por otro lado, las remuneraciones a la administración pública representarán 10% del PIB en el 2007, de los que 7,200 millones se negociaron con los maestros.

Asimismo, se mencionan varias amenazas al nivel aceptable de crecimiento económico previsto, principalmente aquellas relacionadas al incremento de los precios del petróleo y sus derivados.

En conclusión el documento establece que en el práctica el resultado ha sido un bajo grado de implementación de las políticas incorporadas en la ERP y un motivo de esto ha sido el deseo de la Administración Zelaya de cumplir con las promesas de campaña, el grueso de las cuales han sido financiadas con los fondos para reducir la pobreza.

Otro motivo ha sido el debate acerca de la canalización de fondos hacia las Alcaldías. De igual manera, se ha dedicado bastante tiempo a debatir el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – otra promesa de la campaña.

Al final, se aprobó dicha Ley, pero en una versión que es mucho menos incluyente de lo previsto en el Dictamen que fuera concensuado entre el Gobierno y la sociedad civil en la primera mitad de 2006. Este hecho ha afectado el proceso de mejorar la transparencia y rendición de cuentas.

“De esta manera, el gobierno se muestra con poca voluntad y, sobre todo, con menor coherencia para reducir la pobreza. Bajo estas condiciones, que van más allá de las formalidades de contar con un programa con el FMI o con una ERP, las agencias de la cooperación internacional que están a favor de brindar apoyo presupuestario deberían postergar su decisión”, advierte.

En un apartado final, el informe recomienda concluir el proceso de revisión de la ERP, lograr coherencia entre objetivos programáticos y asignación presupuestaria, reconsiderar los criterios y procedimientos para que las municipalidades reciban las
transferencias de los fondos ERP.

También se sugiere revisar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tal como fue aprobada en noviembre del 2006 para que sea más incluyente y estricta en la definición de procedimientos y aplicación de sanciones.