El documento fue suscrito por el fiscal general de Honduras, Leónidas Rosa Bautista, y el embajador argentino en Tegucigalpa, Alfredo Fortí, quien anunció que los antropólogos llegarán la próxima semana, pues "estamos empezando inmediatamente" a ejecutar el acuerdo.

Los especialistas argentinos realizarán un "trabajo conjunto con el área de medicina forense del Ministerio Público de Honduras para llevar adelante la identificación y preservación" de los restos, declaró Fortí a la prensa.

El fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público hondureño, Sandra Ponce, explicó a Acan-Efe que el trabajo con los argentinos tendrá dos facetas: evaluar lo alcanzado tras nueve exhumaciones de restos realizadas desde 1994 y nueva búsqueda de víctimas.

Ponce no adelantó detalles de futuras exhumaciones para no entorpecer el proceso, según dijo.

El embajador argentino agregó que la duración de estas actividades "la va a determinar la necesidad del trabajo, en dónde están ubicados los restos, la facilidad de acceso al lugar, los recursos" económicos, entre otros factores.

Fortí subrayó que el equipo de antropólogos forenses que enviará su país tiene amplia experiencia internacional, pues "ha trabajado muchísimo, no sólo en Argentina, sino en diferentes países de Centroamérica, en África, en Asia".

"La especialidad de ellos", añadió el embajador, "es la identificación de restos de personas, sobre todo en países en situaciones de conflicto o de guerra, o en otros casos de víctimas de desapariciones forzadas".

El documento firmado hoy también incluye cooperación en otros aspectos en materia de derechos humanos, como capacitación, asistencia técnica y asesoramiento en investigaciones de desapariciones, muertes en cárceles o ejecuciones extrajudiciales.

En Honduras hubo al menos 184 víctimas de desaparición forzada, la mayoría en los años 80, según un informe que presentó en 1993 el entonces Comisionado de Derechos Humanos, estatal, Leo Valladares.

Al menos cinco víctimas han sido identificadas plenamente como producto de las exhumaciones promovidas por el Ministerio Público y organismos privados de derechos humanos. EFE