Los
investigadores locales, estatales y federales asignados al caso
pasan por el tamiz todas las pistas para determinar los motivos
del múltiple crimen -en el que Cho se quitó la vida-,
pero afrontan un sinfín de complejas preguntas.
Entre
esos interrogantes figura el de si Cho estaba o no en las listas
de personas que no podían comprar armas y si las autoridades
federales fueron alertadas sobre sus problemas mentales.
Para
llevar a cabo la matanza, Cho compró sin inconvenientes
un arma en una tienda de Virginia y otra a través de internet.
Los
datos divulgados hasta ahora por las autoridades no esclarecen
el porqué de la matanza, pero dejan claro que Cho, un surcoreano
de 23 años, eludió los controles establecidos por
EEUU para evitar que las armas de fuego caigan en manos criminales.
La
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) explicó el jueves
el funcionamiento del llamado "Sistema Nacional Instantáneo
para la Revisión de Antecedentes Criminales" (NICS,
en inglés), creado por una ley federal de 1993 en aras
de la seguridad nacional.
A
ese sistema, que es una especie de "lista de rechazados",
recurren los vendedores de armas para verificar los antecedentes
de quienes desean comprar armas de fuego o explosivos.
El
NICS incorpora un banco de datos provenientes de diversas agencias
federales e identifica a personas condenadas por drogadicción,
que hayan renunciado a la ciudadanía estadounidense, hayan
sido dadas de baja militar por motivos deshonrosos, o hayan sido
internadas en instituciones psiquiátricas.
El
sistema, que incluye seis categorías -dos de las cuales
tienen que ver con problemas mentales-, también revisa
los archivos nacionales en busca de fugitivos de la justicia,
personas deportadas o condenadas por delitos graves o de menor
cuantía.
En
la actualidad, sólo 22 estados del país, entre ellos
Virginia, entregan datos al NICS en las dos categorías
para personas con problemas mentales.
Según
el FBI para abril de este año Virginia ha entregado más
de 80.000 informes individuales sobre salud mental al NICS.
Las
autoridades pueden entregar únicamente datos generales
cuando las leyes de cada estado prohíben suministrar datos
clínicos específicos al NICS.
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Cho
no tenía antecedentes penales pese a que había
acosado a dos de sus compañeras de estudios, que
al final no presentaron cargos en su contra.
Pero
sí tenía problemas mentales graves por los
que fue enviado a un hospital psiquiátrico para una
evaluación médica en diciembre de 2005.
Según
la cadena ABC, un tribunal de Virginia ordenó a la
policía universitaria que detuviera a Cho tras declararlo
"enfermo mental" y "peligro inminente"
para la seguridad pública.
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Las
leyes estatales de Virginia permiten que un juez ordene un arresto
si comprueba que una persona tiene problemas mentales y requiere
hospitalización.
Cho
fue llevado al Centro Médico Saint Albans, una institución
privada en Radford (Virginia) especializada en problemas de conducta,
después del incidente con las dos compañeras.
Las
leyes federales protegen el derecho a la vida privada de los pacientes,
lo que limita la reacción de los centros de enseñanza
cuando surge una crisis como la desatada el lunes pasado.
Eric
Earnhart, portavoz del Centro Médico St. Alban's, donde
Cho fue tratado en 2005, explicó a Efe que "como somos
parte de esta historia y esta investigación, no puedo hacer
comentarios" respecto al paciente.
"No
queremos interferir con las investigaciones, pero sí puedo
asegurar que estamos cooperando. No podemos hacer comentarios"
sobre si la clínica proveyó información al
NICS.
Earnhart
tampoco dijo cuánto tiempo permaneció Cho en las
instalaciones médicas.
Para
añadir al misterio de cómo Cho eludió los
controles, los padres y la hermana de Cho, personas clave para
las investigaciones, no han querido hacer declaraciones públicas.
EFE
