Estudiante suicida, con
historial psiquiátrico, eludió sistema de controles

 

19 de abril de 2007

Washington - Cho Seung-Hui, declarado "enfermo mental" por un tribunal en 2005, eludió los controles para la compra de armas de fuego que pudieron haber impedido la matanza de 32 personas en la Universidad Politécnica de Virginia.

Los investigadores locales, estatales y federales asignados al caso pasan por el tamiz todas las pistas para determinar los motivos del múltiple crimen -en el que Cho se quitó la vida-, pero afrontan un sinfín de complejas preguntas.

Entre esos interrogantes figura el de si Cho estaba o no en las listas de personas que no podían comprar armas y si las autoridades federales fueron alertadas sobre sus problemas mentales.

Para llevar a cabo la matanza, Cho compró sin inconvenientes un arma en una tienda de Virginia y otra a través de internet.

Los datos divulgados hasta ahora por las autoridades no esclarecen el porqué de la matanza, pero dejan claro que Cho, un surcoreano de 23 años, eludió los controles establecidos por EEUU para evitar que las armas de fuego caigan en manos criminales.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) explicó el jueves el funcionamiento del llamado "Sistema Nacional Instantáneo para la Revisión de Antecedentes Criminales" (NICS, en inglés), creado por una ley federal de 1993 en aras de la seguridad nacional.

A ese sistema, que es una especie de "lista de rechazados", recurren los vendedores de armas para verificar los antecedentes de quienes desean comprar armas de fuego o explosivos.

El NICS incorpora un banco de datos provenientes de diversas agencias federales e identifica a personas condenadas por drogadicción, que hayan renunciado a la ciudadanía estadounidense, hayan sido dadas de baja militar por motivos deshonrosos, o hayan sido internadas en instituciones psiquiátricas.

El sistema, que incluye seis categorías -dos de las cuales tienen que ver con problemas mentales-, también revisa los archivos nacionales en busca de fugitivos de la justicia, personas deportadas o condenadas por delitos graves o de menor cuantía.

En la actualidad, sólo 22 estados del país, entre ellos Virginia, entregan datos al NICS en las dos categorías para personas con problemas mentales.

Según el FBI para abril de este año Virginia ha entregado más de 80.000 informes individuales sobre salud mental al NICS.

Las autoridades pueden entregar únicamente datos generales cuando las leyes de cada estado prohíben suministrar datos clínicos específicos al NICS.

Cho no tenía antecedentes penales pese a que había acosado a dos de sus compañeras de estudios, que al final no presentaron cargos en su contra.

Pero sí tenía problemas mentales graves por los que fue enviado a un hospital psiquiátrico para una evaluación médica en diciembre de 2005.

Según la cadena ABC, un tribunal de Virginia ordenó a la policía universitaria que detuviera a Cho tras declararlo "enfermo mental" y "peligro inminente" para la seguridad pública.

Las leyes estatales de Virginia permiten que un juez ordene un arresto si comprueba que una persona tiene problemas mentales y requiere hospitalización.

Cho fue llevado al Centro Médico Saint Albans, una institución privada en Radford (Virginia) especializada en problemas de conducta, después del incidente con las dos compañeras.

Las leyes federales protegen el derecho a la vida privada de los pacientes, lo que limita la reacción de los centros de enseñanza cuando surge una crisis como la desatada el lunes pasado.

Eric Earnhart, portavoz del Centro Médico St. Alban's, donde Cho fue tratado en 2005, explicó a Efe que "como somos parte de esta historia y esta investigación, no puedo hacer comentarios" respecto al paciente.

"No queremos interferir con las investigaciones, pero sí puedo asegurar que estamos cooperando. No podemos hacer comentarios" sobre si la clínica proveyó información al NICS.

Earnhart tampoco dijo cuánto tiempo permaneció Cho en las instalaciones médicas.

Para añadir al misterio de cómo Cho eludió los controles, los padres y la hermana de Cho, personas clave para las investigaciones, no han querido hacer declaraciones públicas. EFE