“Se
presume que ellos han tenido participación, por eso las
investigaciones van dirigidas a estas personas que han sido denunciadas”,
declaró la fiscal a los periodistas.
Aclaró que ninguna de las denuncias ha sido probada en
los tribunales.
Indicó que presumen que en un 12 por ciento de las casi
3.000 muertes de jóvenes menores de 30 años registradas
en los últimos nueve años están involucrados
los agentes de seguridad del Estado.
La fiscal expresó que no se puede afirmar, sin tener pruebas,
que haya una política de Estado para exterminar delincuentes
y jóvenes integrantes de pandillas, pero sí probar
que el Estado no ha hecho suficientes esfuerzos para investigar
esas muertes y tutelar judicialmente a las víctimas.
“Esto se puede probar, de hecho así quedó
declarado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”, añadió.