Chávez
aseguró, a principios de mayo, que ordenaría la
retirada de su país de la Organización de Estados
Americanos (OEA) si le condenaba por la decisión de su
gobierno, que consideró "soberana", de no renovar
la licencia del canal privado Radio Caracas Televisión
(RCTV).
Esta afirmación, que no volvió a
mencionar, había sido precedida por repetidas críticas
del presidente venezolano a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA.
En opinión de Chávez, la CIDH está
subordinada a las políticas de EE.UU. y así lo dijo
durante la cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas
(ALBA), celebrada en abril pasado en la ciudad venezolana de Barquisimeto,
donde planteó la necesidad de alejarse de los entes "del
norte", que considera al servicio de los intereses estadounidenses.
Manifestó en esa ocasión que la
CIDH había denunciado a Venezuela por la presunta violación
de derechos humanos en un caso relacionado con RCTV cuando todavía,
según él, la misma Comisión no ha condenado
el golpe de 2002, que lo derrocó durante 48 horas.
El mismo día en que anunció su decisión
de abandonar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
(FMI), Chávez advirtió también que podría
retirar a su país de la OEA, que a partir del próximo
domingo celebrará en Panamá su XXXVII Asamblea General.
El episodio en torno a RCTV, que salió
del aire a la medianoche del pasado 27 de mayo, tras vencer la
concesión que el gobierno venezolano no le renovó,
ha desencadenado numerosas críticas contra el presidente
de Venezuela, entre ellas la de la CIDH, ante la cual los directivos
de la cadena privada dijeron haber presentado una demanda.
De hecho, la CIDH expresó, el 25 de mayo,
su preocupación por la libertad de expresión en
Venezuela, país donde, dijo, se han producido acciones
para disuadir las opiniones críticas al gobierno.
En un comunicado, este organismo indicó
que en los últimos meses se ha producido un "progresivo
deterioro del ejercicio de la libertad de expresión en
Venezuela".
La CIDH aludió al caso de RCTV en base
a "criterios que podrían violar el derecho a la libertad
de expresión".
El secretario general de la OEA, José Miguel
Insulza, señaló, por su parte, que serán
los tribunales venezolanos los que resuelvan el contencioso sobre
la licencia de la cadena privada.
"Más allá de la opinión
que a mí me merezca, este tema será resuelto legalmente
dentro de Venezuela", dijo.
Pero el pasado enero, otras declaraciones de Insulza,
también sobre el caso de RCTV, causaron un cierto enfriamiento
en las relaciones con Caracas.
El presidente venezolano acusó entonces
al secretario general de la OEA de inmiscuirse en los asuntos
internos de su país y le instó a dejar el cargo
"por dignidad".
Insulza había pedido al gobierno de Caracas
que revisara su decisión de no renovar la concesión
a RCTV, lo que motivó la reacción del presidente
venezolano, que llegó a calificarlo de "insulso"
y "pendejo".
Más tarde, Chávez manifestó,
a modo de disculpa, que el "amor" que siente por Venezuela
le lleva a decir cosas "más allá de lo prudente".
Ahora, Venezuela llega a la Asamblea General de
la OEA con su representante, Jorge Valero, como presidente del
Consejo Permanente de la Organización, y con la solicitud
de apoyo del organismo a su petición de extradición
de Estados Unidos del anticastrista Luis Posada Carriles, al que
acusa de terrorismo.
El pasado lunes, el Consejo Permanente exhortó
a sus Estados miembros a "enjuiciar, y en su caso, extraditar,
de conformidad con su legislación interna" a los terroristas,
en alusión a este caso.
En la sesión, el embajador venezolano agradeció
los buenos oficios de Insulza, y consideró que con el documento
aprobado la OEA se reafirma en sus principios políticos
y éticos, lo que aleja la posibilidad de la retirada con
que amenazó Chávez. EFE