Romero
fue acusado en 2005 por tres delitos de "abuso de autoridad"
por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que sostiene
que el ex funcionario incurrió en tráfico ilegal
de visas y pasaportes extendidos a africanos, colombianos, cubanos,
chinos y libaneses.
Otro
de los delitos es la autorización del ingreso al país,
en mayo de 2004, de 12 colombianos que estarían ligados
al narcotráfico, sin los requerimientos migratorios que
exige la ley.
El
acusado no quiso responder hoy a la prensa, sino que delegó
representación en su apoderado legal, Juan Carlos Sánchez,
quien declaró que están "sorprendidos y no
compartimos el fallo".
Agregó
que esperarán "la individualización de la pena",
mientras que el fiscal contra el Crimen Organizado, Juan Carlos
Sevilla, reiteró que siempre se sostuvo que Romero había
incurrido en abuso de autoridad, y que anoche lo ratificó
el Tribunal de Sentencia.
El
acusado podría ser condenado de tres a nueve años
por cada uno de los delitos, según Sevilla.
El
19 de agosto de 2005 Romero fue puesto en libertad por la jueza
de Letras de lo Penal en Tegucigalpa, Lilian Maldonado, quien
argumentó que el acusado "goza del estado de inocencia".
La
resolución de Maldonado señaló entonces que
será "en un juicio oral y público que se determinará
su participación en los hechos que se le imputan",
mientras que la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa expresó
su "gran decepción".
"Mientras
el caso del señor Romero es por sí mismo un asunto
muy serio, el escándalo del 'pasaportazo' tiene importantes
implicaciones de seguridad nacional (tanto) para Honduras como
para los Estados Unidos de América", expresó
la legación diplomática estadounidense.
El
escándalo se ha conocido en Honduras como el "pasaportazo"
y salpicó al entonces ministro de Gobernación y
Justicia, Jorge Ramón Hernández, quien después
renunció al cargo para buscar una candidatura a diputado
en las elecciones generales del 27 de noviembre próximo.
La
Dirección de Población y Política Migratoria
depende del Ministerio de Gobernación y Justicia, y según
dijo Hernández en su momento, él desconocía
las irregularidades que estaba cometiendo Romero, quien alegó
siempre que es inocente.
Para
lograr su libertad Romero depositó una fianza de 600.000
lempiras (unos 31.578 dólares), los que el ex funcionario
dijo que logró conseguir con su familia. EFE