Las partes no lograron el acuerdo con respecto al precio de alquiler de las terminales de almacenamiento de combustibles, por lo tanto la situación tendrá que ser resuelta en los tribunales.

El estancamiento se dio, nuevamente, porque ni el Estado ni Dippsa retroceden en su oferta. El primero ofrece tres centavos de dólar por cada galón almacenado, mientras que la segunda mantiene su posición de alquilar las terminales a seis centavos de dólar.

Otro estancamiento
A este nudo se suma un inconveniente más y es el hecho de que ahora Dippsa se rehúsa, según la contraparte, a alquilar el 100 por ciento de las terminales.

“Venimos con la mejor voluntad de solucionar las cosas pero ni ellos ni nosotros hemos cedido en nuestras pretensiones.

Propusimos que se nombrara a tres peritos, uno por parte de Dippsa, otro por parte de ellos (el Estado) y otro independiente, para que se encarguen de valorar los costos a los que se somete la compañía; sin embargo, esto no fue aceptado”, indicó Henry Arévalo, presidente de Dippsa.

La titular de la Secretaría de Recursos Naturales, Serna, Mayra Mejía, dijo que “lamentablemente no hemos tenido un acuerdo y ante eso lo que nos queda es que la Procuraduría General dirija las acciones a los tribunales”.

Aún se desconoce la fecha en la que se presentará la demanda ante los tribunales.

Mejía negó las declaraciones de Arévalo en el sentido de que éste habría propuesto la participación de los peritos.

“No es cierto que se haya tocado este punto, ahí están las actas, ahí están las grabaciones y en ningún momento se tocó el punto de traer a peritos, pero la determinación ya está tomada, ahora es al equipo de la Procuraduría al que le tocará trabajar en esto”.

Abastecimiento
En la reunión estuvo presente el consultor internacional Robert Meyering para aclarar algunos aspectos técnicos y sostuvo que aún hay tiempo para presentar la acción judicial.

También dijo que no hay razón para que exista un desabastecimiento por parte de las transnacionales.

Meyering justificó la necesidad de otorgar el contrato a Conoco y entrar a líos judiciales, pese a que el presidente Manuel Zelaya ya dijo que no habrá más rebajas derivadas del proceso.

La ministra aseveró que no se pone en riesgo el abastecimiento, “más bien lo que está en juego es la firma con Conoco Phillips. Este proceso ha costado muchísimo para todos, modificar una fórmula que nos dijeron que no se podía y se hizo, eso es un logro”, agregó Mejía.

La decisión de acudir a los tribunales tomó fuerza luego que Conoco comunicara al Estado que acepta que sea mediante la vía judicial que se le autorice al Ejecutivo hacer uso de las terminales de Dippsa.