El director de Casa Alianza, José Manuel Capellín, dijo en la presentación que como institución defensora de la vida, "buscamos soluciones, no confrontaciones con el Gobierno" que preside Manuel Zelaya.

"Exigimos que se investigue quiénes son los responsables de tantas muertes, que solo en 2006 sumaron 494 jóvenes menores de 22 años", dijo Capellín a Acan-Efe.

Agregó que de los 494 asesinados, 106 son jóvenes menores de 18 años.

"No es posible que se sigan asesinando niños y jóvenes y que esos crímenes queden en la impunidad, le hemos dicho al presidente que la situación es preocupante, subrayó Capellín.

A la presentación del informe asistieron, entre otros invitados, el fiscal general del Estado, Leónidas Rosa, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales.

Rosa subrayó en su mensaje que Casa Alianza es un "aliado excepcional" en lo que respecta a las denuncias de muertes arbitrarias.

Añadió que el Estado debe hacer más esfuerzos en dotar a las instituciones correspondientes de la credibilidad y demás elementos necesarios para proteger la vida.

La presidenta del poder judicial, por su parte, dijo que los informes de Casa Alianza obligan al Estado a investigar esas violaciones a los derechos humanos y a que se fortalezcan las instituciones responsables de defender la vida.

Morales también resaltó la importancia que tienen los jóvenes para Honduras, un país con siete millones de habitantes, de los que 3,5 millones están comprendidos entre los cero y 18 años.

Capellín indicó que mientras las demás organizaciones reconocen que se están asesinando jóvenes en el país, Zelaya comentó el lunes en una reunión con dirigentes de organizaciones de derechos humanos, con disgusto, que los informes de Casa Alianza ponen en riesgo la inversión extranjera.

El informe de Casa Alianza señala que en 2006, los meses de mayor incidencia en número de muertes fueron febrero, marzo y octubre, con un promedio de 53 ejecuciones mensuales.

La mayor incidencia se registró en marzo, con 59 muertes, mientras que las cifras descendieron en abril con 24 víctimas y en septiembre con 30.

Abril y septiembre coinciden con los períodos en los que se pusieron en marcha operaciones de seguridad a nivel nacional por parte de la Policía y el Ejército para prevenir la violencia, disuadir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de las vidas y bienes de las personas.

Con respecto a los años 2004 y 2005 -durante la administración de Ricardo Maduro- en 2006, cuando asumió Zelaya, hubo un incremento de muertes del 20 ciento en el primero año y del cuatro por ciento en el segundo, añade el informe de Casa Alianza.

De las 494 muertes registradas en 2006, el 43 por ciento se registraron en el departamento de Francisco Morazán, que abarca a la capital del país, mientras que el 24 por ciento en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país.

El resto se distribuyen en otras ciudades de menor densidad poblacional en el norte, centro y occidente, señala el informe de Casa Alianza. EFE