Ginebra - Al menos 3.000 latinoamericanos, entre los que figuran hondureños, salvadoreños y chilenos y ecuatorianos, trabajan como mercenarios en Irak contratados por empresas estadounidenses y británicas para hacer labores militares o de seguridad, según cálculos proporcionados hoy por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Uso de Mercenarios.

Expertos en el tema, encabezados por el español José Luis Gómez del Prado, realizaron una reciente gira por Honduras, Ecuador y Perú, para analizar in situ el fenómeno, extendido también a países como Chile, El Salvador y Colombia.

Perú podría ser uno de los más afectados de la región, porque en el momento de nuestra visita a ese país supimos que cerca de mil peruanos se encontraban entonces en Irak subcontratados por empresas privadas de seguridad o militares', aseguró hoy el presidente del grupo de expertos, el español José Luis Gómez del Prado.

Aseguró también que en la actualidad uno de cada diez soldados de los que EEUU tiene desplegados en Irak están contratados por empresas privadas, que 'a menudo violan los derechos humanos del personal que subcontratan' y que contratan a quienes 'están dispuestos a cobrar menos, sean de donde sean'.

La colombiana Amada Benavides, responsable del grupo de expertos para América Latina y Caribe, explicó a EFE que, por lo general, grandes empresas multinacionales, 'completamente legales', buscan o crean filiales en países en desarrollo para que recluten personal, 'que, sin embargo, firma sus contratos directamente con la empresa matriz, con sede en EEUU o Gran Bretaña'.

'Los subcontratados quedan completamente desprotegidos, porque no tienen capacidad para reclamar el respeto de sus derechos ante la empresa responsable, ni se sabe muy bien a qué jurisdicción deben dirigirse', explicó el experto español, quien puso el ejemplo de que muchas veces firman sus contratos en un avión camino de Irak.

Gómez del Prado aseguró que, mientras a un europeo o a un estadounidense se les pagaría cerca de 10.000 dólares al mes, un latinoamericano recibe unos 1.000 dólares (entre 25 y 30 dólares al día).

En su opinión, 'los mercenarios de hoy en día son resultado de la progresiva privatización y subcontratación del uso de la fuerza', un nuevo fenómeno 'contra el que los gobiernos no saben cómo luchar'.

En ese sentido, Benavides destacó la receptividad y colaboración de los Gobiernos de Honduras, Ecuador y Perú, los tres países que el grupo de expertos ha visitado y sobre los que elaborará informes para presentarlos al Consejo de Derechos Humanos (CDH) y ante la Asamblea General de la ONU.

Amb os expertos valoraron también que el Gobierno de Perú haya sido el país número 29 en ratificar la Convención Internacional de Utilización, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios, que sanciona con penas de cárcel en el país a los que incurran en estas prácticas.

La Convención establece como delito reclutar, utilizar, financiar o entrenar mercenarios y penaliza a aquellas personas que, según la definición de 'mercenario', participan directamente en hostilidades o en un acto concertado de violencia.

Igualmente destacaron que ese país, así como Honduras y Ecuador han empezado a adoptar medidas para combatir un nuevo problema que también afecta a Chile, Colombia y El Salvador. EFE