Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La falsificación de documentos públicos es el principal de los ocho delitos de corrupción que más persiguen los fiscales del Ministerio Público en los últimos dos años, al detectar en sus investigaciones que esa es una de las violaciones que más se cometen en la administración pública, seguida de la violación de los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y cohecho, entre otros.
La malversación de caudales públicos, el fraude, la usurpación de funciones y simulación de cargos, el prevaricato y el enriquecimiento ilícito son los otros delitos que configuran ese bloque de ocho que más han sido judicializados en los tribunales. En el caso del delito de enriquecimiento ilícito, éste no ha tenido mayor movimiento en los tribunales de justicia en los últimos dos años. La otra, la gran corrupción que se da a través de redes criminales sigue en espera, casi sin mayores avances.
La lucha contra la corrupción sigue sin poder apuntar y desmantelar las grandes redes en el país, según los expertos. Las acciones del Ministerio Público parecen centrarse en los otros tipos de delitos y según un informe sobre Estado-País, presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), de las más de 1,600 denuncias de corrupción generadas en el 2023, apenas 55 fueron judicializadas, 7 resueltas por la vía del procedimiento abreviado, 7 obtuvieron sobreseimiento definitivo, 2 sobreseimiento provisional; y 11 sentencias condenatorias en juicio.
La efectividad de las fiscalías anticorrupción fue apenas de 0.67% y solo dos casos de alto impacto se movieron nuevamente como fue el caso de los hospitales móviles con los requerimientos fiscales hacia dos exministras y una exviceministra , cuyo proceso sigue en los tribunales. El otro caso fue el de Pandora II.
La mirada del Instituto de Justicia de la ASJ señala los grandes retos del país en materia de lucha contra la corrupción, más allá de que se instale o no la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Si la efectividad del Ministerio Público no es la deseada por el tipo de resultados en los tribunales de justicia, donde la mora judicial sigue golpeando a ese poder del Estado, en el caso del Tribunal Superior de Cuentas, la historia no es diferente.
Magros resultados aumentan percepción de ineficiencia
En el 2023, apenas el 2.7% de las auditorías realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas fueron remitidas al Ministerio Público por considerar que configuraban delitos de tipo penal, pero en la línea de tiempo de ese ente de control, los años 2014 y 2015 se presentan con picos históricos en porcentajes de casos notificados al MP con un 12,5% para luego caer en picada de 4.2% y 2.7%. El TSC estuvo casi un año acéfalo sin poder conformar pleno, luego que uno de sus miembros renunciara para ser electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia bajo la bandera del partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre).
De acuerdo con el último sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de los jesuitas en 2023, citado por el Instituto de la Justicia de ASJ, 7 de cada 10 hondureños estiman que la corrupción es fuerte en importantes instituciones del país como Gobierno Central, Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional, Ministerio Público y los Partidos Políticos.
La lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del país, que, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, ubica a Honduras entre los cuatro países más corruptos de América Latina con una puntuación de 2.3 de un ranking total de 10 puntos.
El delito de falsificación de documentos públicos con penas carcelarias entre los 3 y 6 años sigue siendo también a inicios del 2024, uno de los más perseguidos por los fiscales del Ministerio Público. En operativos de impacto, se ha dado captura a exregidores municipales y un exalcalde acusado por ese delito y abuso de autoridad, entre otros.
La lucha anticorrupción se sigue centrando en la persecución de ese tipo de delitos, además del de tráfico de influencias por el cual están siendo procesados actualmente dos exmagistrados del TSC (uno prófugo) y varios exfuncionarios de esa dependencia, quienes se defenderán en libertad al otorgar un tribunal medidas sustitutivas.
Señales preocupantes para la CICIH
El Ministerio Público bajo una nueva conducción fiscal busca reactivar algunos casos y dar a las fiscalías anticorrupción algún dinamismo que cambie la percepción de poca efectividad en la judicialización y resultados obtenidos en los tribunales. Pero ese enfoque no parece englobar el otro gran desafío de la fiscalía: el combate a la gran corrupción.
La diputada del PSH, Fátima Mena, ha dado la voz de alerta al indicar que están mandando señales de no querer combatir a las grandes redes de corrupción, menos para que llegue al país la CICIH.
El combate a la gran corrupción pasa porque existan en el país algunas condiciones mínimas como la Ley de Colaboración Eficaz, reformas al Código Penal, Ley contra el Nepotismo, derogación de decretos lesivos a la transparencia y garantías de acceso a la información, entre otros.
Pero de acuerdo con el reporte de Estado-País presentado por la ASJ, esas acciones siguen pendientes, y en su informe llama la atención en torno al cierre que se está dando en materia de acceso a la información pública, el aumento de la información reservada o secreta, y la suspensión de la figura del Comprador Certificado que establece la Ley de Contrataciones para impedir prácticas de opacidad. Esa figura actualmente se encuentra suspendida para facilitar a los burócratas las compras directas de emergencia, sin licitación y agilizar así la ejecución del presupuesto.
El desmantelamiento de las grandes redes de corrupción sigue cojeando en el país, la lucha anticorrupción parece centrarse en delitos menores, algunos excarcelables, mientras la llegada de la CICIH también se dilata y una Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha Anticorrupción, presentada hace dos años al gobierno central, sigue sin ser aprobada por el Ejecutivo y su consejo de ministros. (PD)