Tegucigalpa – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó una petición de Sergio Rodríguez Orellana que investigue posibles violaciones a sus derechos de la que es víctima en torno al proceso judicial que se realizó en su contra por el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres.
De acuerdo a la CIDH, el organismo de vigilancia continental de los derechos humanos y adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), la “petición argumenta que Rodríguez, quien se ha declarado inocente desde el inicio, no podría haber sido el autor intelectual del asesinato” de Cáceres, ya que no existió contacto previo con los acusados como autores materiales del crimen, y que la perito del Ministerio Público mintió sobre las afirmaciones que formuló en su contra.
En el comunicado expedido por la CIDH anunciando la admisión de conocer el caso, destaca que la petición argumenta que la llamada que Rodríguez realizó a un ex colega de la empresa DESA, que también fue acusado por el Ministerio Público, fue para informarle de la muerte de Cáceres y no era una “prueba de complicidad”.
Por lo tanto, la información pone en duda la afirmación del Ministerio Público y otros agentes investigadores que señalan que la “llamada efectuada como evidencia de su participación en el crimen”.
La petición señala que los registros telefónicos demuestran que no hubo conatcto entre Rodríguez y otros imputados el 2 de marzo de 2016, la fecha de la muerte de Cáceres, ni antes, ni durante, ni después del asesinato, según la declaración de la perito del Ministerio Público Brenda Barahona.
También se destaca que en la investigación iniciada por la muerte de Cáceres, Rodríguez fue llamado a declarar por una denuncia sobre una presunta amenaza que él había proferido contra Cáceres, pero en el interrogatorio nunca se le preguntó si tuvo comunicación con la activista ambiental, a la vez que se le ocultó que estaba siendo investigado por su muerte.
“La CIDH ha procedido a admitir la petición del señor Sergio Ramón Rodríguez por la presunta violación de sus derechos al ser condenado sin existir pruebas que comprueben su participación en los actos que generaron la muerte de la señora Cáceres. La CIDH examina con atención las circunstancias de su detención prolongada y la legalidad del proceso, aún sin resolución en segunda instancia”, señala el ente en el comunicado.
La Comisión destaca que el caso pone no solo de manifiesto la lucha entre seguridad nacional y los derechos individuales, sino también la importancia de una evaluación justa y basada en evidencias concretas y verificables.
También destacó que mientras el caso continúe su desarrollo, es necesario garantizar un proceso judicial transparente y justo, que respete los principios de derechos humanos y evite condenas basadas en pruebas infundadas, lo cual debe ser tomado en cuenta cuando la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia que dictó en su contra.