La
crisis política que vive Ecuador se remonta a diciembre de 2004,
cuando el Gobierno destituyó a una treintena de jueces de la Corte
Suprema de Justicia, que, supuestamente, tenían nexos con la oposición.
En su lugar, designó a otros magistrados afines a su ideología,
atentando así contra la independencia del poder judicial.
Tras
cuatro meses de áridas discusiones sobre la legalidad de esta acción
gubernamental, el 15 de abril, el entonces presidente Lucio Gutiérrez
cesó a los magistrados. Dos días después, el Parlamento
dejó sin efectos la reforma de diciembre y prometió reorganizar
la justicia con métodos independientes, transparentes y sin intervención
de los políticos. Sin embargo, no han sido capaces de encontrar
una fórmula para renovar la CSJ, lo que ha enervado los ánimos
de los ecuatorianos, muy descontentos con sus instituciones.
Tanto
la población como la oposición política han cuestionado
la legalidad de las decisiones tomadas por esta Corte en sus meses de
ejercicio. En especial, la anulación de los juicios contra el ex
presidente Abdalá Bucaram (1996-1997), que permitió que
el mandatario regresase a Ecuador el 2 de abril tras ocho años
de exilio en Panamá.
Bucaram
es amigo de Guillermo Castro, quien, como presidente de la polémica
Corte, anuló los procesos judiciales abiertos contra él
por presunta corrupción.
Este
caso sirvió para avivar aún más la polémica.
La oposición acusó a Gutiérrez de ser el culpable
directo de su retorno y la ciudadanía salió a las calles
para expresar su indignación con la clase política, a la
que culpa de todos los problemas que afligen a esta nación.
La rebelión de los forajidos
Las primeras protestas ciudadanas, que pedían la dimisión
del presidente, se concentraron frente al edificio de la Corte Suprema
de Justicia. Después se esparcieron por el norte y el sur de Quito,
para extenderse al sur y norte del país, aunque no con la misma
intensidad.
La
llamada "rebelión de los forajidos", epíteto con
el que los calificó Gutiérrez, avanza guiada por las palabras
que se escuchan por "Radio la Luna", una emisora que está
canalizando la catarsis ciudadana. La indignación de los ecuatorianos
incluye a todos los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. "Que
se vayan todos" dicen repitiendo eslogan utilizado hasta la la saciedad
en Argentina desde el 2002.
Lucio
Gutiérrez asumió la presidencia del país en enero
de 2003, tras vencer en las urnas. Pero su trayectoria política
no fue siempre democrática: tres años antes, en 2000, había
encabezado una revuelta que depuso al presidente Jamil Mahuad. Desde entonces,
Gutiérrez El ex coronel no ha logrado despojarse del fantasma del
"golpista".Sus 825 días de mandato se han visto alterados
por constantes conflictos políticos con aliados, opositores, indígenas
y bloqueos parlamentarios que no han hecho sino continuar la trayectoria
de otros gobernantes recientes de la nación andina.
Cinco presidentes en ocho años
Ecuador
ha tenido cinco presidentes en los últimos ocho años. Antes
del destituido Gutiérrez gobernó el país Gustavo
Noboa, que era vicepresidente cuando recibió el poder en enero
de 2000, tras el citado golpe de estado.
El mandato del depuesto Jamil Mahuad se había deteriorado por la
caótica situación económica de Ecuador, la convocatoria
de tres huelgas generales y las denuncias de corrupción política.
Además, había impuesto un programa de austeridad económica
basado en la dolarización, que equiparó el sucre con el
dólar, lo que desató grandes protestas populares.
Mahuad,
ganador de las elecciones de julio de 1998, había recibido el poder
de Fabián Alarcón, ratificado en referéndum tras
la destitución de Abdalá Bucaram en 1997. Bucaram, que había
ganado los comicios un años antes, fue apartado del poder tras
adoptar varias medidas económicas muy impopulares.
Destacada
fue la llamada "crisis de los tres presidentes", que implicó
a Bucaram, Fabián Alarcón y Rosalía Artega, vicepresidenta
con el primero. Esa crisis se cerró el 11 de febrero de 1997, con
el nombramiento de Alarcón como presidente interino hasta 1998,
cargo que ratificó la población en un referéndum.
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