Maduro pidió rápidez a la Procuraduría y a la Fiscalía para resolver pasaportazo.

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Tegucigalpa. Por los delitos de cohecho, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos y por fraude en perjuicio del Estado, serán acusados por la Procuraduría General de la República, los implicados en el tráfico ilegal de ciudadanos de otras nacionalidades, mediante la venta de pasaportes hondureños.

En conferencia de prensa, el Presidente Ricardo Maduro solicitó a la Procuraduría General de la República que proceda a hacer dichas acusaciones legales en contra de los involucrados.

La semana pasada la Fiscalía Especial del Crimen Organizado y la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación de la Secretaría de Seguridad, intervinieron a la Dirección General de Migración, atendiendo denuncias de supuestas irregularidades en la extensión de pasaportes hondureños a ciudadanos de otras nacionalidades, entre chinos, colombianos y libaneses.

Como resultado de dichas denuncias, el gobierno destituyó de su cargo el Director General de Migración, Ramón Romero y llevado a prisión el ex director de Migración y Extranjería, Julio Hernández Cerrato.

En la rueda de prensa de este día estuvieron también el Procurador General de la República, Sergio Zavala Leiva y el Secretario de Gobernación y Justicia, Ramón Hernández Alcerro.

Zavala Leiva detalló que en los próximos días se harán acusaciones en contra de tres funcionarios de quienes no precisó su nombre, sin embargó explicó que estos responderán a los delitos de cohecho, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos y por fraude en perjuicio del Estado.

Maduro pidió a Zavala Leiva y al Fiscal General de la República, Ovidio Navarro, que procedan de inmediato a realizar todas las diligencias que conlleven a deducir responsabilidad a los implicados en el ilícito.

Recordó que fue el propio gobierno quien inició las investigaciones del caso en contra de los implicados, ya que trabajar con transparencia siempre ha sido una de sus metas.

“Hemos procedido en base, que este gobierno no tapa las cosas para evitar que se anden en los medios, para evitar lo que llamamos escándalo, sino que todo lo contrario las destapamos y procedemos en contra de las personas”, expresó.

Enfatizó que por este caso ya existe una persona en prisión y se ha destituido a otra “y a partir de este día el Procurador procederá a hacer acusaciones en contra de estas y otras personas, además de las que presentará la Fiscalía”.

El mandatario aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a las autoridades de la Corte Suprema de justicia para que en el momento que los expedientes lleguen a ese Poder del Estado se les de toda la celeridad que ameriten.

“Los hondureños queremos explicaciones, queremos acción rápida y queremos aterrizar en sentencias cuando sea eso lo que procede y yo como Presidente me voy a asegurar que así sea en lo que a mí compete”.

La red del pasaportazo se extiende hasta el RNP

El Secretario de Gobernación y Justicia, dijo que los pasaportes electrónicos han sido diseñados bajo los estándares internacionales, no obstante la información que se utiliza para tal fin puede ser falsificada, pues también se ha comprobado irregularidades en la emisión de partidas de nacimiento en el Registro Nacional de las Personas, RNP.

El funcionario señaló que el ciudadano de origen colombiano capturado el domingo pasado en el aeropuerto de La Mesa de San Pedro Sula, obtuvo el pasaporte en base a una partida de nacimiento falsificada, la cual fue extendida por la oficina del RNP de El Progreso, Yoro.

Según Hernández Alcerro, los pasaportes electrónicos han sido diseñados bajo todas las medidas de seguridad embargo, “vivimos en un país en donde la información que da origen a la extensión de los pasaportes, es una información que se puede prestar para ser falsificada”.

Los pasaportes hondureños han sido diseñados por una compañía canadiense contratada para dicho menester, con la colaboración del gobierno de los Estados Unidos.

El Secretario de Gobernación indicó que los funcionarios implicados en la irregularidad, violentaron los procedimientos internos y algunos artículos de la Ley Migratoria y su reglamento.

Por su parte el Procurador General de la República, dijo que los bienes de las personas implicadas podrían ser incautados por el Estado en caso que su procedencia sea dudosa y estos pasarían a formar parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, del Ministerio Público.