(Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 1999, y pendiente de edición por la Comisión de Estilo)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el Informe Anual del Consejo Permanente (AG/doc.3830/99), y en particular lo referente al Informe de la Secretaría General sobre las Actividades de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) correspondiente al Tercer Trimestre de 1998 (CP/doc. 3145/99) y al Programa de Desminado en Centroamérica (PADCA);

TENIENDO EN CUENTA sus resoluciones AG/RES. 1122 (XXI-O/91), AG/RES. 1191 (XXII-O/92), AG/RES. 1343 (XXV-O/95), AG/RES. 1413 (XXVI-O/96), AG/RES. 1498 (XVII-O/97), y destacando la resolución AG/RES. 1568 (XXVIII-O/98) "Apoyo al Programa de Desminado en Centroamérica", así como su resolución AG/RES. 1240 (XXIII-O/93), "Junta Interamericana de Defensa";

TENIENDO EN CUENTA asimismo el documento "Programa de Asistencia al Desminado en Centroamérica de la Organización de los Estados Americanos: Responsabilidades de los Participantes" (GT/PDCA-7/97 rev. 1);

REAFIRMANDO su profunda preocupación por la presencia en Centroamérica de miles de minas antipersonal, y otros artefactos explosivos sin detonar que siguen constituyendo una amenaza para la población y tienen funestos efectos principalmente entre civiles inocentes, causando tragedias individuales y familiares, impidiendo el desarrollo socioeconómico en vastas y ricas zonas rurales y afectando la integración fronteriza en esas zonas;

EXPRESANDO en particular su consternación por el elevado número de víctimas, especialmente niños, de las minas y otros artefactos explosivos sin detonar; y

CONSIDERANDO:

Que el paso del Huracán Mitch en Centroamérica ha causado trastornos a las operaciones de desminado, particularmente en Honduras y Nicaragua, debido al desplazamiento de las minas de su ubicación original;

Que los efectos del Huracán Mitch y la magnitud de la tarea por completar en Nicaragua (73,000 minas) imponen la necesidad de evaluar la viabilidad de la meta de culminar el desminado para el año 2000;

La solicitud de apoyo adicional de recursos y supervisores hecha por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a los Estados Miembros, donantes y cooperantes con el objeto de redoblar los esfuerzos para completar el programa de desminado en Honduras y Nicaragua lo antes posible;

El deterioro existente en las unidades de transporte aéreo y terrestre utilizadas en las operaciones propias de la remoción de minas y para la evacuación de posibles víctimas, lo cual ha ocasionado ya lamentables tragedias y afecta el desarrollo mismo de los programas de desminado;

Los esfuerzos que vienen realizando los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua para completar las tareas de remoción de minas antipersonal;

La valiosa contribución al Programa de Desminado en Centroamérica (PADCA) de los Estados Miembros Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Perú, Uruguay y Venezuela; de los Estados Observadores Permanentes Alemania, España, la Federación de Rusia, Francia, Reino Unido, Japón, los Países Bajos, Suecia y Suiza; y de Dinamarca y Noruega;

La importante labor de coordinación y recaudación de fondos que lleva a cabo la Secretaría General de la OEA (la Secretaría General), mediante la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD), para el PADCA, así como para los programas encaminados a la rehabilitación física y psicológica de las víctimas y a la recuperación socioeconómica de las tierras desminadas;

El valioso apoyo de la Comisión de Seguridad Hemisférica y la importante asesoría técnica que presta la Junta Interamericana de Defensa (JID) al PADCA;

Los esfuerzos de los países de Centroamérica por incluir en los instrumentos internacionales sobre minas terrestres antipersonal consideraciones sobre los aspectos humanitarios de desminado y asistencia a las víctimas;

La entrada en vigor, el 1 de marzo de 1999, de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y su Destrucción (la Convención de Ottawa), y la ratificación de la misma por parte de los países Centroamericanos;

El inicio de las operaciones de desminado y remoción de artefactos explosivos en Guatemala;

La puesta en marcha del Programa Canino en apoyo al PADCA en Costa Rica, Nicaragua y Honduras;

La creación dentro de la estructura de la UPD del área programática "Acción Integral Contra las Minas Antipersonal" (AICMA), que servirá de punto focal de la Secretaría General en el ámbito de la lucha contra las minas antipersonal;

Las actividades del Programa de Cooperación Conjunta México-Canadá-Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la atención de víctimas de minas antipersonal en El Salvador, Honduras y Nicaragua;

Los valiosos aportes del Seminario Regional sobre Minas Terrestres Antipersonal "Asumiendo Nuestro Compromiso" patrocinado por México y Canadá con el apoyo de la OEA y de la OPS, realizado en la ciudad de México el 11 y 12 de enero de 1999, donde se destacó la significativa contribución de la OEA al desminado en Centroamérica;

La celebración de la "Reunión sobre Avances del Desminado en Centroamérica" llevada a cabo en Managua, Nicaragua el 12 y 13 de Abril de 1999 y la Declaración Conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores centroamericanos reafirmando el compromiso de sus Gobiernos con las tareas del desminado y destrucción de artefactos explosivos, así como la firme voluntad de completar, lo antes posible, los programas nacionales de destrucción de minas; y

La realización de la primera Reunión de los Estados Partes de la Convención de Ottawa celebrada en Maputo, Mozambique del 3 al 7 de mayo de 1999,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacción del Informe Anual del Consejo Permanente en lo referente a las actividades de la Secretaría General relativo al Programa de Asistencia al Desminado en Centroamérica (PADCA).

2. Reiterar su agradecimiento a los Estados Miembros, a los Estados Observadores Permanentes, así como a la comunidad internacional en general, por sus contribuciones al PADCA y a los programas dedicados a la educación preventiva de la población civil sobre el peligro de dichas minas, la rehabilitación física y sicóloga de las víctimas, y la recuperación socioeconómica de las zonas desminadas, e instar a que continúen brindando este apoyo.

3. Hacer un llamado a los Estados Miembros, donantes y cooperantes para que respondan de manera favorable a la solicitud de apoyo adicional hecha por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el objeto de redoblar esfuerzos, ante los trastornos ocasionados por el Huracán Mitch, para completar el programa de desminado en Honduras y Nicaragua lo antes posible.

4. Instar a la Secretaría General a promover la obtención de recursos externos para la adquisición del equipo adecuado necesario, y en su caso la revisión y reparación minuciosa del existente a fin de garantizar la seguridad de las personas involucradas en las tareas de desminado y la inmediata evacuación de las víctimas en casos de accidente.

5. Acoger con beneplácito la entrada en vigor, el 1 de marzo de 1999, de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (la Convención de Ottawa), exhortando a los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo a prestar asistencia para la remoción de minas, la rehabilitación y la reinserción social y económica de las víctimas y a los programas de información sobre el peligro de las minas en América Central.

6. Tomar nota con satisfacción de la ratificación por parte de los países centroamericanos de la Convención de Ottawa.

7. Destacar la realización del Seminario Regional sobre Minas Terrestres Antipersonal: Asumiendo Nuestro Compromiso; la Reunión sobre Avances del desminado en Centroamérica; y la Primera Reunión de los Estados Partes de la Convención de Ottawa, por considerar que contribuyen a la difusión de información sobre los efectos nocivos de las minas terrestres antipersonal, los esfuerzos que se hacen por eliminar estas armas y al lograr apoyo internacional para los programas de desminado y de rehabilitación de las víctimas de minas antipersonal.

8. Destacar la importancia del Plan Nacional de Desminado Actualizado presentado por el Gobierno de Nicaragua, así como del Plan de Apoyo Internacional OEA al mismo.

9. Instar a la Secretaría General a que siga prestando, dentro de los recursos asignados en el programa-presupuesto y otros recursos, el apoyo necesario a los países centroamericanos para continuar los programas de desminado, así como a aquellos encaminados a la educación preventiva, rehabilitación de víctimas, y recuperación socioeconómica de las zonas desminadas.

10. Reiterar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) que, en su programa de cooperación, de acuerdo a su plan estratégico de cooperación solidaria 1997-2001, elabore programas de apoyo socioeconómico y educativo para las comunidades centroamericanas donde se haya concluido la remoción de minas antipersonal.

11. Solicitar a los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano que brinden su colaboración a los programas de desminado, así como a aquellos encaminados a la educación preventiva para la población civil sobre el peligro de las minas antipersonal, la rehabilitación física y sicológica de las víctimas, y a la recuperación socioeconómica de las zonas desminadas en Centroamérica.

12. Solicitar a la Junta Interamericana de Defensa (JID) que continúe con su labor de asistencia técnica al PADCA.

13. Alentar los continuos esfuerzos del Programa de Cooperación Conjunta México-Canadá-Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la atención de víctimas de minas antipersonal en El Salvador, Honduras y Nicaragua, inclusive la participación de las personas afectadas en el proceso de toma de decisiones relacionadas con su atención y tratamiento.

14. Solicitar al Secretario General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales que estime pertinente.

15. Solicitar a la Secretaría General que presente un informe sobre el cumplimiento de esta resolución a la Asamblea General en su trigésimo período ordinario de sesiones.

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