Los
ciudadanos, la mayoría ataviados con camisas blancas, portaron
carteles con leyendas como "En el 2006 votemos contra el pacto",
"Estamos hartos: que se vayan todos" y "No a las
reformas constitucionales".
La
actividad fue convocada por la "Red por Nicaragua", integrada
por grupos de la sociedad civil, empresarios y partidos políticos
minoritarios, la cual estimó una participación de
más de 20.000 personas.
"Toda
la ciudadanía está convencida de que el origen de
todos estos males es el pacto celebrado por los caudillos del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y del
PLC (Partido Liberal Constitucionalista, derecha)", declaró
el analista político Carlos Tünnerman.
Hace
ocho meses, el FSLN y el PLC se aliaron en el Congreso para reformar
la Constitución y recortar así los poderes presidenciales
con el fin de quitarle al Ejecutivo el control de instituciones
públicas clave.
La
manifestación transcurrió pacíficamente hacia
la Avenida Bolívar (noroeste), desde donde los diversos grupos
provenientes de varias zonas del país se desplazaron unidos
hacia la sede del Parlamento, donde culminó con un acto cultural.
Sin
embargo, los organizadores se quejaron de que algunas provincias
simpatizantes liberales y sandinistas le impidieron el paso a los
autobuses que trasladaban a centenares de personas hacia la capital.
Además,
la policía detuvo a una decena de estudiantes que portaban
morteros caseros e intentaron impedir el paso de los manifestantes
en la Avenida Universitaria de Managua, aunque no se registraron
incidentes violentos.
Por
su parte, un sector disidente del FSLN, afín al ex alcalde
de Managua Herty Lewites, participó en el manifestación
con banderas rojinegras, mientras que otros partidos minoritarios
también mostraron insignias de sus agrupaciones.
Si
bien en la marcha desfilaron representantes de diversos grupos sociales,
destacó la presencia de ciudadanos de clase media y alta,
quienes contrastaron en un país donde casi el 50 por ciento
de la población es pobre, según cifras oficiales.
La
crisis en Nicaragua se agravó el miércoles cuando
la Contraloría pidió, por segunda vez en menos de
un año, al Parlamento, controlado por sandinistas y liberales,
la destitución del presidente Bolaños por desacato
a la Constitución
La
Contraloría pidió la destitución después
de que Bolaños no dejó ingresar auditores a revisar
las cuentas de las entidades de servicios públicos (agua,
energía y telecomunicaciones) que el Gobierno se niega a
entregar a las nuevas autoridades nombradas por el Parlamento.
La
marcha se produjo en momentos en que el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel
Insulza, realiza una visita al país para intentar buscar
una solución a la crisis institucional.
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