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Según
un comunicado de la Corte, el caso trata sobre las acciones supuestamente
arbitrarias e ilegales que las autoridades hondureñas ejercieron
al detener, someter a juicio y privar de la libertad al hondureño.
López
estuvo preso seis años en una prisión hondureña,
entre 1997 y 2003, por un delito vinculado al tráfico de
drogas del cual luego fue absuelto.
El
hondureño fue presidente del Comité de Defensa de
las Tierras (Codet), una asociación que defendía las
tierras de unos 250.000 garífunas pertenecientes a 46 comunidades.
López
presentó hoy su testimonio a los jueces, quienes resolverán
sobre éste y otros casos de seis países posiblemente
a finales de la próxima semana, cuando la Corte notificará
a las partes y emitirá un comunicado oficial, precisó
el portavoz.
En
el caso de López, los jueces escucharon a la víctima
y a una testigo.
Ambos
aseguraron que López fue víctima de una persecución
para silenciarlo y detener el movimiento que pretendía defender
las tierras de los garífunas.
Caso de periodista
Aunque
la Corte había anunciado que su periodo de sesiones concluiría
mañana jueves, el portavoz explicó que terminará
hoy, miércoles, cuando los jueces también verán
a finales de la tarde una solicitud de medidas provisionales a favor
de la periodista venezolana Eloísa Barrios.
El
caso de Barrios no estaba en la agenda original del periodo de sesiones
de la Corte y la entidad no brindó hoy mayores datos sobre
su contenido.
Durante
su LXV periodo de sesiones, del 15 al 26 de noviembre pasado, la
CIDH ratificó la orden de medidas provisionales al Estado
de Venezuela para proteger la vida y la integridad personal de Eloisa
Barrios, Jorge Barrios, Rigoberto Barrios, Oscar Barrios, Inés
Barrios, Pablo Solórzano, Beatriz Barrios, Caudy Barrios,
Carolina García y Juan Barrios.
"Los
beneficiarios son familiares del señor Narciso Barrios y
fueron testigos oculares de su asesinato, presuntamente realizado
por agentes del Estado. Asimismo, son quienes han incentivado la
investigación de este asesinato y han sido objeto de amenazas
y agresiones por este motivo", indica el informe de esa sesión.
La
CIDH ordenó a Venezuela que cada dos meses le informe sobre
el cumplimiento de las medidas de protección.
El
LXVII período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana
inició el pasado 13 de junio y durante más de dos
semanas los jueces vieron casos de siete países.
Los
jueces se reunieron en privado para deliberar y estudiar la posibilidad
de dictar sentencias, el fondo y las eventuales reparaciones y costas
en cinco casos de Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Suriname y Paraguay.
Posteriormente,
en audiencias públicas los jueces revisaron el caso de Blanco
Romero y otros contra el Estado de Venezuela y la demanda López
Álvarez contra Honduras. EFE |
