En
el acto, el presidente dijo que el CNA será coordinado por
el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC),
Juan Ferrera, y que el Gobierno proporcionará cinco millones
de lempiras (unos 263.157 dólares) para su funcionamiento.
Maduro
dijo que "la lucha frontal contra la corrupción abre
las puertas para el progreso de una nación, por lo que en
Honduras esa tarea debe ser emprendida en forma integral".
Añadió
que para contrarrestar la corrupción también es necesario
mejorar la condición de los ciudadanos, ya que en muchos
casos se manifiesta por la extrema pobreza en que viven.
Por
su parte, Ferrera dijo que la lucha contra la corrupción
será "una política de Estado impulsada por la
sociedad civil".
El
CNA se creó el año 2000, en el Gobierno de Carlos
Flores (1998-2002), y fue presidido desde entonces por el cardenal
hondureño y arzobispo de Tegucigalpa Oscar Andrés
Rodríguez.
Un
portavoz de Casa Presidencial recordó que desde su creación
el CNA funcionaba con el apoyo financiero de la comunidad internacional,
que lo suspendió mientras el Gobierno no impulsara una ley
que garantizara su permanencia.
Por
tal razón, en 2004 el CNA fue clausurado por Maduro, que
envió la propuesta de ley al Parlamento, que la aprobó
en el primer trimestre de 2005.
La
ley del CNA define sus funciones, objetivos y estructura organizativa
y establece que estará integrado por representantes del FONAC,
el Arzobispado de Tegucigalpa, la Confraternidad Evangélica
de Honduras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada,
el Consejo de Rectores de las universidades y las asociaciones campesinas.
Lo
integrarán además representantes de la Federación
de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras, la Federación
de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de Honduras, la Asociación
Nacional de Empleados Públicos, la Asociación de Municipios
de Honduras y la Asociación de Medios de Comunicación.
La
corrupción en Honduras es un flagelo con profundas raíces
al que diversos organismos le atribuyen en gran parte la pobreza
que afecta al 80 por ciento de los siete millones de habitantes
que tiene este país centroamericano. EFE
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