La participación
de ambos funcionarios en ese órgano partidario fue fuertemente
criticada por la dirigencia liberal y el mismo comisionado de los
derechos humanos, Ramón Custodio, porque consideraban que
eso podía dar lugar a un fraude en las elecciones generales
que se celebran el 27 de noviembre.
En
Honduras, la Constitución de la República otorga a
las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del estado la responsabilidad
del transporte, custodia y vigilancia de los materiales electorales
que serán utilizados en las elecciones con el fin de garantizar
el libre ejercicio del sufragio.
Para
ello el presidente de la República, en su condición
de comandante general, pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición
del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un mes antes de la celebración
de los comicios generales.
Esto
había generado las dudas de los partidos de oposición,
ya que los ministros de Defensa y Seguridad ocupaban cargos directivos
en la Comisión Política del Comité Central
del Partido Nacional (CCPN), por lo que en reiteradas oportunidades
solicitaron sus renuncias para no empañar el proceso electoral.
Ambos
funcionarios hicieron oficial sus correspondientes renuncias en
sendas cartas enviadas a las autoridades de su partido.
El
Partido Nacional, en el poder, postula como candidato presidencial,
al actual titular del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa.
Triunfo
de la democracia
El
presidente del Tribunal Supremo Electoral, Arístides Mejía,
de filiación liberal, dijo que las dimisiones de ambos funcionarios,
de los cargos políticos que ostentaban, “es un triunfo
rotundo de la democracia” y que asegurará unas elecciones
transparentes.
Mejía
dijo que la renuncia de Álvarez y Brevé fue una presión,
no sólo del Partido Liberal, sino de las demás fuerzas
políticas del país, así como del Comisionado
de los Derechos Humanos y otros sectores de la sociedad civil que
se oponían a la participación de ambos en política
y a la vez fueran los garantes del proceso.
En
su primera reacción, el titular de Defensa, Federico Brevé,
dijo que tomó la determinación obligado por la campaña
sistemática de ataques en su contra por parte del candidato
liberal Manuel Zelaya Rosales y su grupo de colaboradores, que llegaron
a afectar su integridad personal.
Argumentó
que no existe ningún impedimento constitucional que le impida
ser miembro del Partido Nacional y a la vez desempeñarse
como titular de la Secretaría de Defensa, pero para evitar
que en el futuro los liberales aleguen un fraude electoral o quieran
empañar el triunfo de su partido, prefiere retirarse de dicho
cargo político.
No
obstante, ambos funcionarios continuarán al frente de sus
respectivas secretarías de Estado.
|