El fraude electoral es consecuencia del uso masivo de aparatos digitales como los teléfonos de última generación que tienen incorporado sistema de grabación de audio y video y que según los denunciantes serían utilizados por activistas políticos en contra de voluntades electorales.

Según los denunciantes, el delito electoral se cometería al momento en que el votante ejerza el sufragio y una vez marcada su papeleta proceda a filmarla o a tomarle una fotografía.

Al momento de abandonar el centro de votación el elector muestra como evidencia la foto o el filmado de su sufragio a un operador político que le pagaría una suma de dinero por haber votado en las casillas acordadas.

Los denunciantes aseguran que los partidos políticos poseen alrededor de 10 mil teléfonos móviles con cámara incorporada los que serían utilizados por igual número de operadores “compra votos”.

Se estima que cada celular podría servir para comprar un mínimo de 20 sufragios lo que representaría un cambio en los resultados electorales.

Honduras se aboca a un proceso electoral general el próximo 27 de noviembre y en el mismo será escogido el próximo presidente del país, su vicepresidente, 128 miembros del Parlamento y 298 alcaldes municipales.

Este país centroamericano retornó a la democracia a inicios de la década de los 80 y desde entonces no se han podido erradicar los delitos electorales relacionados al fraude.

Esto hace que los entendidos mencionen las “elecciones estilo Honduras”.

A los diferentes y tradicionales métodos y sistemas de fraude ahora se le uniría el que puede realizarse mediante los teléfonos celulares que imponen una modalidad de delito electrónico, producto de la “era bits”.