La desconvocatoria de la huelga permitirá reanudar las negociaciones sobre el convenio colectivo del sector entre el sindicato TWU Local 100 y la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), que quedaron rotas la madrugada del pasado martes.

"Estoy encantado de anunciar que la ejecutiva del sindicato ha aprobado con una mayoría abrumadora pedir a los trabajadores que vuelvan a sus puestos de trabajo, y reanudar inmediatamente el servicio de metro y autobús", declaró a la prensa el presidente de la central, Roger Touissant.

Poner en marcha de nuevo el sistema de transporte público de Nueva York, el mayor de Estados Unidos, llevará entre diez y doce horas, dijeron fuentes de la administración.

La huelga ha obligado a cerca de siete millones de personas a buscar maneras alternativas para llegar a sus puestos de trabajo, como hacer autostop, viajar en bicicleta, en patines o, la mayoría, ir andando, lo que ha generado riadas de personas sobre los puentes de Manhattan.

La protesta ha generado un grave daño económico a la ciudad, más de 1.000 millones de dólares según la administración, dado que se ha producido en plena campaña navideña de ventas y en una de las temporadas altas de turismo.

El sindicato ha accedido a finalizar la huelga tras sufrir una enorme presión política por parte de las autoridades estatales y por el alcalde de la ciudad, el republicano Michael Bloomberg, que los llegó a acusar de "delincuentes".

También han sufrido una gran presión social y mediática, especialmente de diarios sensacionalistas como el "New York Post", que tachó de "ratas" a los empleados del transporte público.

Pero la mayor presión ha sido la judicial, pues desde el primer momento las autoridades advirtieron de que la huelga era ilegal, según una norma, la Ley Taylor, que prohíbe a los empleados públicos realizar este tipo de protestas.

De hecho, los dirigentes del sindicato debían comparecer esta tarde ante un juez de Brooklyn, Theodore T. Jones, por "desacato criminal", si bien la citación será, posiblemente, anulada, a la vista de los acontecimientos.

Este mismo juez impuso el pasado martes una multa de un millón de dólares por cada jornada de paro al sindicato, que apenas cuenta con tres millones en activos.

Una vez cancelada la huelga, patronal y administración podrán volver a negociar el convenio colectivo, y especialmente el controvertido asunto de las pensiones, que precisamente causaron las mayores fricciones.

En concreto, las negociaciones se rompieron por la negativa de la MTA a retirar su propuesta de recortar las prestaciones por jubilación y del seguro de salud para los nuevos empleados.

Ahora, en el proceso de negociación abierto, uno de los puntos que reclamarán los sindicalistas será la amnistía por las multas que les corresponderían según la Ley Taylor.

El acercamiento entre el sindicato y la administración ha sido posible por la intervención de los mediadores de la Junta Estatal de Relaciones Laborales, que en las últimas horas han mantenido intensas negociaciones con las dos artes. La propuesta de los mediadores fue reabrir la mesa de negociación, con la única condición de que se desconvocara la huelga, y a cambio de suavizar las exigencias sobre el recorte de las jubilaciones.

De esta manera, el acuerdo es satisfactorio para el sindicato, que se negaba a aceptar la última propuesta sobre pensiones, y también para la administración, que se había opuesto a negociar si no se suspendía la protesta.

No obstante, se desconoce cuál será el resultado de la negociación, porque "no está todavía claro si las dos partes tienen un deseo genuino de resolver sus diferencias", dijo a la prensa uno de los mediadores, Richard A. Curreri. EFE