Durante
el gobierno de Ricardo Maduro, quien asumió en enero de 2002,
las cifras de ejecuciones se incrementaron en alrededor del 90 por
ciento con respecto a las registradas en el mandato anterior, que
presidió Carlos Flores (1998-2002), indicó Casa Alianza
en un comunicado.
El
informe del organismo humanitario internacional subraya que en 2005
se registraron 431 muertes de menores de 23 años.
La
situación es "preocupante porque denota el crecimiento
de una cultura de muerte de una sociedad que se torna tolerante
e indiferente hacia la situación", añade.
Según
la institución, las muertes violentas y ejecuciones de jóvenes
"no hubieran alcanzado estas proporciones si tanto los gobiernos,
la sociedad civil organizada y los ciudadanos hubiéramos
tomado una postura decisiva para contrarrestar la violencia en todas
sus expresiones y brindar una respuesta integral al problema".
Casa
Alianza reconoce que durante el gobierno de Maduro, que concluirá
el próximo 27 de enero, se hicieron esfuerzos para frenar
ese fenómeno, pero advierte de que se requiere de mayores
acciones para llevar a cabo una lucha efectiva contra ese problema
social.
La
violencia contra los jóvenes genera "un clima de inseguridad
y queda manifiesta una sensación de injusticia ante la impunidad
en que muchos de estos crímenes permanecen a lo largo del
tiempo", expresó el organismo humanitario.
Casa
Alianza trabaja en defensa de los menores en situación de
riesgo en Canadá, EEUU, México y Centroamérica.
EFE
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