Agregó que en los centros penales "hay hacinamiento, donde hay cuatro debiera haber una persona, falta el oxígeno y falta, sobre todo, la seguridad, porque las cárceles en Honduras son el sitio de mayor inseguridad personal y pública".

La matanza del jueves es la tercera de gran magnitud en las cárceles de Honduras entre 2003 y lo que va de 2006, con un saldo global de casi 200 reos fallecidos.

"Lo que hay en las cárceles de Honduras es una permisividad porque allí pasa hasta lo más intolerable posible", acotó Custodio.

El defensor del pueblo hondureño también recordó que en 2004, un ex diputado hondureño que guardaba prisión en la Penitenciaría Nacional, "dijo me van a matar y nadie hizo nada para salvarlo y lo mataron. Allí hay reos que han entrado y a los quince minutos son cadáveres y nadie ha investigado esas muertes".

En opinión de Custodio, el gobierno debe hacer una renovación inmediata de todo el personal de vigilancia en los centros de privación de libertad y sustituirlo por soldados en forma rotativa.

Además, habría que abrir las puertas a las pastorales sociales de las iglesias, tanto católicas como protestantes, para que tengan una mayor participación en el gobierno interno de los centros de privación de libertad.

El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), por su parte, lamentó la masacre de los trece reos y afirmó en un comunicado que ese crimen "responde a una política gubernamental de crímenes contra los privados de libertad bajo custodia del Estado".

La matanza del jueves y otras registradas en diferentes centros penales "son hechos que el gobierno pudo prevenir, pero no lo hizo", añade el comunicado.

El gobierno, según el organismo humanitario, es "cómplice del derramamiento de sangre y autor directo en los casos donde sus agentes (policías, soldados o civiles con autoridad) participaron en la facilitación y ejecución de las masacres".

Los restos de los fallecidos fueron entregados hoy a sus familiares, tras la autopsia practicada por personal de Medicina Forense de Tegucigalpa. EFE