El beneficio se extenderá a ex presidentes y ex vicepresidentes del Parlamento, ex ministros y ex viceministros de Seguridad y Defensa; Fiscal General y Fiscal Adjunto, y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Un portavoz del poder legislativo hondureño dijo hoy a los periodistas que la ley fue aprobada por mayoría simple y que también favorecerá a cualquier otro alto funcionario que, por sus funciones en la administración pública que puedan implicar algún riesgo, lo demande.

Algunos sectores expresaron hoy su rechazo a la ley, porque consideran que, si se trata de seguridad por temor a la violencia y delincuencia común que vive el país, igual riesgo corren todos los hondureños.

También hay quienes consideran que proteger a tantos ex funcionarios implicará dedicar mucho personal de los cuerpos de seguridad que debería estar en las calles brindando protección a la población, además, según la Constitución, no hay privilegios para nadie.

La nueva ley fue aprobada ocho días después de que el Gobierno que preside Ricardo Maduro envió con un cargo consular a EEUU al ex ministro de Seguridad Oscar Alvarez, quien pidió protección estatal alegando que él y su familia corrían peligro en el país.

Como ministro de Seguridad, Alvarez desató una persecución sin tregua contra las "maras" (pandillas armadas), de las que habría recibido amenazas, según su denuncia.

Además, Alvarez dijo antes de viajar a EEUU, que el crimen organizado también estaría atentando contra su seguridad.

Extraoficialmente ha trascendido que Alvarez ahora ocupa un cargo en Washington, con un salario entre 5.000 y 6.000 dólares, lo que no ha sido desvirtuado ni confirmado por el canciller hondureño, Mario Fortín.

El canciller dijo la semana pasada que Alvarez fue enviado a EEUU con un cargo de vicecónsul, pero que por razones de seguridad no precisaba en que ciudad del país del norte.

Alvarez se movilizaba en Honduras con un riguroso aparato de seguridad, incluso más numeroso que el que le brinda protección al presidente Ricardo Maduro. EFE