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La autopista
de la información pronto podría tener espías
en cada esquina, o al menos eso parece que pretende la administración
del presidente estadounidense George W. Bush.
Su Departamento de Justicia encargó el pasado agosto a un
juez federal de San José, cerca de Mountain View (California),
donde están los cuarteles generales de Google, que fuerce
a la compañía a cumplir con una orden para que entregue
una base de datos con millones de términos de búsqueda
tecleados por sus usuarios.
Justicia quiere usar esta información para defender el Child
Online Protection Act (COPA, por sus siglas en inglés), una
iniciativa de 1998 para proteger a los menores y que penalizaría
a los operadores de las webs de material pornográfico que
no dispongan de métodos para verificar que sus usuarios son
mayores de 17 años.
Se trata, no obstante, de una medida cargada de polémica:
la Unión Americana para la Defensa de los Derechos Civiles
(ACLU) interpuso una demanda contra la ley bajo el argumento de
que atenta contra la libertad de expresión.
El Supremo de EEUU dio la razón al grupo, el mayor de estas
características en el país, y bloqueó la ley.
Ahora, en su demanda, el Gobierno indica que la información
que obtenga de los tres buscadores le ayudaría a convencer
al Supremo de que la medida en cuestión "sería
más efectiva que filtrar el software para proteger a los
menores de la exposición a material dañino en la red".
El Departamento de Justicia ha contratado a Philip Stark, un profesor
de estadística de la Universidad de California, para analizar
la información.
Según dijo el propio Stark, el análisis de las bases
de datos de Google le permitiría "establecer la prevalencia
de webs perjudiciales para los menores, y la efectividad de los
filtros de contenido para bloquear estas páginas".
Como Google es el buscador más popular de la red y, a estas
alturas, una parada casi obligatoria para millones de usuarios de
todo el mundo, la información que facilitase daría
un impulso a los planes de las autoridades estadounidenses.
Al margen de la ley en sí, la cuestión es importarte
porque podría desatar una batalla legal de graves repercusiones
para los usuarios de internet, ya que cuestionaría hasta
dónde alcanza su derecho a la protección de su intimidad.
Los grupos de defensa de la privacidad online, como Fundación
Fronteras Electrónicas (EFF), temen que se desate una avalancha
si el Gobierno prevalece sobre Google.
"Si el Gobierno gana, continuará empujando para obtener
más información de Google", cree Kurt Opsahl,
abogado de EFF, con sede en San Francisco.
Para Opsahl, la gente "podría dejar de buscar información
por miedo a que el Gran Hermano esté espiando por encima
de sus hombros".
El buscador, por su parte, dijo que se resistirá "vigorosamente"
a esta petición.
Su representante legal, Nicole Wong, dijo en un comunicado que se
trata de una reclamación innecesaria, demasiado amplia, costosa,
que podría revelar los secretos comerciales de Google y revelar
detalles con los que se podría identificar a los usuarios.
A diferencia de Google, tanto Yahoo como Microsoft y America Online
colaboraron con el Gobierno y entregaron sus respectivas bases de
datos.
Mary Osako, portavoz de Yahoo, dijo que la compañía
accedió a esta petición aunque no facilitó
información que pueda ayudar a identificar a ningún
usuario.
Esta es la primera vez que los términos de búsqueda
se convierten en blanco de investigaciones, tal y como ya lo son
los correos electrónicos o, en otro orden de cosas, las descargas
de música.
El nuevo énfasis llega, además, en un momento en el
que el Gobierno se está moviendo de forma muy agresiva en
varios frentes para obtener información sobre las actividades
de los internautas en las bibliotecas públicas, por ejemplo.
Los sitios web estadounidenses de contenido pornográfico
reciben unos 60 millones de visitantes al día, según
el testimonio ante el Senado del representante de la Adult Freedom
Foundation, una organización que representa los intereses
de la industria pornográfica. EFE
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