"Hemos hecho un llamado al presidente Bush en el que apoyamos y abogamos porque se extienda el TPS para nuestros hermanos centroamericanos", dijo el congresista de origen cubano Lincoln Díaz-Balart en una rueda de prensa.

Ante los crecientes rumores sobre un posible golpe mortal a las aspiraciones de miles de refugiados centroamericanos, Díaz-Balart pidió tranquilidad y recordó que "siempre ha habido un fuerte debate en la burocracia".

La Administración de Bush debe dar a conocer en mayo próximo si prorroga o no el TPS a casi 100.000 hondureños y 6.000 nicaragüenses, y en julio emitirá su decisión en el caso de unos 220.000 salvadoreños.

De concederse, sería la sexta prórroga que disfrutan hondureños y nicaragüenses.

El TPS fue concedido a ambos países como consecuencia de la devastación causada por el huracán "Mitch" a finales de 1998, y les permite vivir y trabajar legalmente en EEUU.

Por su parte, los salvadoreños aguardan a una cuarta prórroga después que la Casa Blanca concediera un período inicial de 18 meses, por los terremotos de enero y febrero de 2001 en El Salvador.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart, hermano de Lincoln, quiso zanjar dudas al afirmar que no es positivo "basarse en rumores" (entorno a la no renovación del TPS) y dejó claro a EFE que "el presidente Bush ha sido extremadamente generoso extendiendo el TPS por varios años".

Destacó que los miles de trabajadores centroamericanos acogidos al TPS "se merecen la extensión del programa", al tiempo que señaló que se trata de países "que están entre los mejores aliados de Estados Unidos, con un sinnúmero de problemas internos".

Asimismo, propugnó la concesión del TPS "para nuestros vecinos los haitianos, ya que las condiciones allí son similares a las de los países centroamericanos con TPS".

En una carta enviada hoy al presidente de Estados Unidos y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), Michael Chertoff, los congresistas recuerdan que deportar a los refugiados podría "poner en peligro sus vidas".

En la carta, a la que se sumó la congresista también de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen, se advierte de que la terminación de ese programa vulneraría el principio "nonrefoulement".

De acuerdo con esta normativa, "una persona indocumentada no es devuelta a un país donde su vida o libertad serían amenazadas".

Para José Lagos, presidente de Unidad Hondureña, una de las principales organizaciones en defensa de los refugiados centroamericanos, "el impacto de la deportación sería catastrófico para más de 300.000 refugiados y la economía de sus países".

"Veríamos la separación de miles de familias y el regreso a unos países que todavía se encuentran caminando con muletas", dijo Lagos.

El gobierno de Estados Unidos otorga el TPS a los ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o por desastres naturales como es el caso de esos tres países centroamericanos. EFE