"Arizona es un prisma donde podemos ver reflejados los diferentes sentimientos que hay tanto a favor como en contra de una reforma migratoria", dijo Catherine Tactaquin, directora ejecutiva y fundadora de la Red Nacional para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados con sede en Washington D.C. y quien fue invitada a participar en la reunión.

La activista planteó que el Congreso va directo a una "crisis política" en las próximos meses cuando comience el debate sobre un programa de trabajador huésped y la posibilidad de otorgar un estatus migratorio a los millones de indocumentados que ya viven en Estados Unidos.

"Tenemos que cambiar el ambiente que hay en el país, para que nuestro mensaje de esperanza y dignidad y respeto para los derechos humanos. Así como que sea escuchada nuestra oposición a las propuestas que actualmente se encuentran en la mesa de discusión", dijo Tactaquin en entrevista con EFE.

Dijo que éste es el momento para que las organizaciones pro-inmigrantes, los grupos religiosas, los ecologistas y los sindicatos, lleven a cabo manifestaciones, protestas y vigilias a lo largo del país para demostrar su inconformidad.

La activista opinó que todas las propuestas que hay actualmente en Washington deben frenarse, ya que ninguna detendrá el abuso en contra de los inmigrantes y por lo contrarió buscan perpetuar el uso del inmigrante como trabajador de tercera clase.

"Creo que necesitamos más tiempo para plantear una verdadera reforma migratoria, la verdad no creo que vaya a ser este año o quizás dentro de este Congreso", dijo Tactaquin.

Durante la reunión organizada por la Coalición para Tumbar los Muros, de ayer en Tucson, la directora de la Red Nacional para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados dijo que su organización está sumamente preocupada por lo que ocurre en Arizona, ya que el acoso antiinmigrante ya no es sólo un fenómeno de la región fronteriza, sino ahora se ha expandido por todo el estado.

La aprobación de la Ley 200 en el 2004, que niega el acceso a algunos programas de asistencia publica a los indocumentados, y que exige a los empleados de estas dependencias públicas denunciar ante el Servicio de Inmigración a los indocumentados que acudan a solicitar ayuda, ha servido para que el legislativo estatal considere más de 32 propuestas presuntamente antiinmigrantes.

"Este sentimiento sólo fomenta el acoso racial en contra de todos los hispanos que viven en Arizona", aseguró Tactaquin.

El desierto de Arizona, ha sido calificado por el gobierno federal como "el punto más vulnerable" a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, ya que al término del año fiscal 2005, se arrestaron a más de 500.000 indocumentados en esta frontera.

En respuesta a este fenómeno, la Patrulla Fronteriza incrementó en la última de cada de 400 a 2.200 el número de agentes fronterizos asignados al desierto de Arizona.

Los más de 200 participantes de la reunión, trabajaron en conjunto en varias mesas de trabajo donde se discutieron los impactos destructivos de las presentes políticas fronterizas, desde el punto de vista de los derechos humanos, las comunidades indígenas y el medio ambiente.

Isabel García, abogada y directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona indicó que la información recaudada en esta reunión servirá para redactar una propuesta concreta para lanzar una campaña a nivel local, estatal y federal de soluciones verdaderas al problema de la inmigración ilegal. EFE