Miriam Miranda, secretaria ejecutiva de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), dijo a los periodistas que se trata del caso de la comunidad garífuna (negra) de Punta Piedras, en el caribeño departamento de Colón, cuyos pobladores reclaman la devolución de sus tierras, invadidas por campesinos en 1992.

Agregó que en 2002, el Estado de Honduras se comprometió a pagar a los invasores las mejoras de los terrenos que ocupaban y devolverle las tierras a sus dueños originales.
Pero ese compromiso, según los dirigentes de la OFRANEH, no se ha cumplido hasta la fecha a pesar de que el Parlamento aprobó una partida de 13 millones de lempiras (unos 684.000 dólares) para ese propósito.

Miranda subrayó que "en Honduras es remota la posibilidad de lograr obtener justicia a favor de las comunidades indígenas y negras", por lo que "nos vemos obligados a requerir la intervención de los mecanismos de justicia internacional", en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.

"Para la OFRANEH esta situación es incomoda, pues no es grato tener que proceder contra el Estado de Honduras a nivel internacional", señaló Miranda. EFE