Esas críticas "son injustas" pues hay un plan de seguridad que contempla una serie de medidas para enfrentar la ola delictiva, expresó.

Entre las medidas mencionó el traspaso de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas a las filas de la Policía Nacional y un programa de fortalecimiento del servicio militar educativo, mediante el cual pretende la "formación integral", a través de las Fuerzas Armadas, de 4.000 jóvenes en 2006, para reemplazar a otros tantos.

Zelaya estimó que los reclamos provienen de personas "que pareciese que están apoyando la inseguridad, que no quieren cambios ni que la gente honesta venga a dirigir los programas". Luego llamó a la ciudadanía a imitar el ejemplo de los 250 militares que hoy pasaron a las filas de la Policía "porque la seguridad es un problema de todos".

Varios sectores sociales y de la prensa cuestionan insistentemente las políticas de seguridad del Gobierno de Zelaya, por considerar que los niveles de violencia se han recrudecido en las últimas semanas y que su ministro de Seguridad no enfrenta con
firmeza el flagelo.

La Compañía de Jesús en Honduras advirtió el pasado miércoles que la creciente ola de violencia que afecta a este país centroamericano "pone en alto riesgo la paz ciudadana y los fundamentos del Estado de Derecho".

Según cifras oficiales, en Honduras un promedio de seis personas mueren diariamente en forma violenta. EFE