La organización humanitaria dijo que el 74 por ciento de las muertes se registraron en Tegucigalpa y San Pedro Sula, los principales centros poblacionales del país.

Informó además de que el 88 por ciento de los crímenes fueron cometidos con armas de fuego y que solamente el 15 por ciento de las muertes son atribuidas a actos de pandilleros.

Casa Alianza registra la muerte de 3.131 niños y jóvenes menores de 23 años entre 1998 y enero de 2006.

El organismo humanitario dijo que la mayoría de estos crímenes se mantienen impunes.

En su comunicado, el organismo demandó la atención de las autoridades y de la sociedad ante estos hechos.

"No podemos como sociedad seguir siendo tolerantes e indiferentes ante estas muertes violentas y ejecuciones, esto es peligroso para la ciudadanía y para un país que busca garantizar un Estado de Derecho", advirtió.

Según estudios de Casa Alianza, en 2006 los asesinatos de niños y jóvenes continúan manifestando las mismas características y modus operandi de ejecuciones arbitrarias que se vienen presentando desde años anteriores.

"Los cuerpos de niños(as) y jóvenes se encuentran en lugares descampados, en ríos o en caminos pocos transitados, con señales de tortura, o quemados; teniendo las manos y pies atados y con disparos a la cabeza y/o en otras partes vitales del cuerpo", dice un informe del organismo al que tuvo acceso Proceso Digital

Nuevas formas
No obstante, agrega el informe que a partir de 2005 se detectaron nuevas tendencias de ejecuciones.

"Los niños y jóvenes han estado siendo ejecutados en grupos de dos o más; sus victimarios están arrojando sus cuerpos de carros o disparan desde motocicletas y a algunos de los ejecutados no se les esta vinculando con la comisión de delitos o infracciones, pero si con relaciones a pandilleros aunque los mismos no formen parte de dichas pandillas", indicó.

Advirtió que las muertes ya no solo se manifestaron contra niños y jóvenes que forman parte de pandillas sino que también contra niños y jóvenes escolares y que laboran.

"En Honduras se atenta prácticamente a diario, contra la vida de niños, niñas y jóvenes. Ante este hecho, Casa Alianza considera que la ruta a seguir por parte de las autoridades esta escrita: investigar profundamente los hechos, perseguir y sancionar a los responsables", demandó.

Los organismos de derechos humanos responsabilizan a la policía por las ejecuciones.

El informe de Casa Alianza se hizo público en momentos en los que una ola de violencia abate a la sociedad hondureña, ante el reclamo ciudadano a las autoridades del Gobierno para que impulsen políticas que frenen el flagelo. El ministro de Seguridad, Álvaro Romero, dijo la semana anterior a la prensa, que más de 400 personas han perdido la vida en diferentes hechos violentos en 2006, pero que esta cifra no es superior a la registrada en años anteriores en el país. Como ejemplo citó que en diciembre de 2005, las autoridades registraron la muerte violenta de 360 personas.

El presidente Manuel Zelaya salió en defensa de su ministro de Seguridad, al decir que quienes le critican pareciese que están apoyando la inseguridad, que no quieren cambios ni que la gente honesta venga a dirigir los programas.

Zelaya dijo que las críticas en contra de Romero "son injustas" ya que su Gobierno tiene un plan de seguridad que contempla una serie de medidas para enfrentar la ola delictiva.

El Plan de Seguridad de Zelaya está siendo cuestionado por organismos de defensa de los derechos humanos en el país, los que consideran que el mismo se encamina "a la militarización de la seguridad ciudadana".