Los miembros del Comité Judicial del Senado estudiarán en las próximas tres semanas un proyecto de ley del republicano Arlen Specter que hoy, tanto demócratas como republicanos, se encargaron de despedazar.

Una vez modificado por varias enmiendas, la meta es llevarlo a votación en el pleno del Senado a más tardar el próximo 27 de marzo.

"Los ánimos están más caldeados que nunca... pero el Gobierno ha fracasado en su obligación" de proteger las fronteras, sentenció Specter, presidente del Comité.

Entre los siete capítulos de su propuesta, Specter incluye más vigilancia fronteriza, sanciones por contratar a indocumentados y un programa de legalización temporal de inmigrantes.

En el Congreso no hay duda de que la incapacidad del Gobierno para frenar la inmigración ilegal es un problema grave, pero no hay consenso sobre qué hacer con los once millones de inmigrantes clandestinos que hay en el país.

La idea de sacarlos de las sombras mediante la legalización temporal o permanente tiene muchos adeptos. Pero también la tiene su deportación y sancionar más a los empresarios que los contraten.

Nadie apoya una "amnistía" como la de 1986, que ahora es una palabra prohibida en el Congreso.

Pero también hay conciencia de las contribuciones de los inmigrantes a la economía y de que no es factible una deportación masiva, que según el Departamento de Seguridad Nacional costaría 40.000 millones de dólares.

El senador Richard Durbin recordó que los indocumentados son "esenciales para la economía" porque realizan las "labores sucias y duras" que los demás desprecian, en hoteles, en el campo o en las industrias procesadoras de carne, entre otras.

"No es sólo un problema de seguridad nacional, es un asunto humanitario", subrayó.

El senador Sam Brownback señaló que la inmigración ilegal en EEUU no se frenó con la última amnistía: en 1986 había tres millones de indocumentados, en 1996, aun con más vigilancia fronteriza, había siete millones, y diez años después hay once millones.

EEUU y México, en donde se origina la mayor parte de la inmigración ilegal, son "como una pareja casada que no se puede divorciar. Tenemos que hacerlo funcionar", señaló el senador John Cornyn, que promueve otro proyecto migratorio.

En 2004, EEUU deportó a poco más de un millón de extranjeros indocumentados, pero éstos siguen llegando.

El dilema es grande. Por un lado, están los legisladores de estados que dependen de la mano de obra barata y piden algún tipo de regularización de estos trabajadores.

Por otro, los que opinan que EEUU primero tiene que corregir la porosidad de sus fronteras.

Y en el medio está el proyecto de los senadores John McCain y Edward Kennedy, que incluye un programa de trabajadores huéspedes.

Kennedy señaló que una eventual ley debe incluir más controles fronterizos, un programa laboral que responda a las necesidades económicas de EEUU y la unificación familiar.

La lección de los atentados de 2001 es que "algunos entrarán al país con intenciones mortíferas", pero EEUU tiene que actuar ya, advirtió.

Algunos analistas vaticinan que lo que salga del Congreso, este año o el próximo, incluirá concesiones a los reformistas y a los que exigen más restricciones. La solución se complica en los detalles.

La búsqueda de respuestas ha galvanizado a grupos cívicos, sindicatos, empresarios y hasta la Iglesia católica, que han sumado fuerzas en contra de iniciativas como la que aprobó la Cámara de Representantes en diciembre y que aún debe refrendar el Senado.

Esa medida del legislador republicano James Sensenbrenner pide la construcción de un muro en la frontera sur, criminaliza a los indocumentados y castiga a quienes los ayuden.

Una coalición de grupos pro-inmigrantes ha convocado a unas 20.000 personas a una marcha frente al Congreso el próximo martes, con la esperanza de que esa medida no prospere. EFE