Estas organizaciones de todas las latitudes, minorías, tendencias y colores, sostienen que sin la legalización de los inmigrantes que se encuentran en esta condición, el éxito de la reforma sería poco probable.

Según los cálculos de entidades oficiales y privadas de EEUU, en este país viven unos once millones de extranjeros que no tienen una autorización legal de permanencia.

Aunque las posibilidades de una amnistía han sido totalmente descartadas tanto por el presidente George W. Bush, como por los líderes del Congreso, en las comunidades de inmigrantes se espera que los legisladores encuentren los caminos adecuados para que estas personas no sigan viviendo en las sombras.

La mayor federación sindical de EEUU, la AFL-CIO, una de las entidades que piden "una reforma migratoria global y justa", reiteró su interés y apoyo a una amnistía que dé paso a la obtención de la residencia (green card) por parte de los indocumentados.

La central sindical opina que una verdadera reforma debe incluir procedimientos para la concesión de la residencia a estos millones de extranjeros, en lugar de aprobar programas de trabajadores temporales, como pretende la Casa Blanca.

Por otro lado, una alianza de hispanos a favor de una reforma migratoria humanitaria, reiteró hoy su llamamiento a todos los inmigrantes a que envíen mensajes al Congreso, en respaldo de las propuestas que buscan una solución migratoria real.

Otras organizaciones están cabildeando en este sentido ante las dos cámaras del Congreso.

Como parte del cabildeo, esta semana dirigentes de la Unidad Hondureña encabezados por su presidente, José Lagos, llevaron a cabo en Washington gestiones migratorias ante la Casa Blanca, líderes legislativos y otros altos cargos, entre ellos el nuevo director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Emilio González.

Lagos dijo a EFE que las reuniones fueron "muy productivas" y que la Unidad Hondureña sigue en pie de lucha por una reforma generosa.

Considera que este proceso debe legalizar de una vez por todas a los cerca de 350.000 hondureños, nicaragüenses y salvadoreños amparados bajo el Estatuto de Protección Temporal (TPS).

Entre los dirigentes de la comunidad de inmigrantes existe una profunda preocupación por la postura intransigente de algunos legisladores republicanos, que defienden proyectos de ley controvertidos, y que son tenidos como negativos para los extranjeros.

Varios de estos proyectos presentados ante el Senado y la Cámara de Representantes contemplan una reducción en las cuotas de visas para profesionales de terceros países; más limitaciones al derecho de asilo y la supresión de la lotería de visas y del TPS.

Angela Kelley, subdirectora del Foro Nacional de Inmigración, un grupo pro inmigrante, declaró que el desafío está en que el Congreso pueda combinar efectivamente la seguridad fronteriza con el flujo legal futuro de trabajadores, la unidad familiar y un sendero realista para la residencia de los indocumentados.

Kelley remarcó que "no es realista ni deseable" llevar a cabo redadas para deportar a los más de once millones de inmigrantes indocumentados.

Afirmó que cualquier plan que rechace la residencia, naturalización, asimilación y una completa participación de los indocumentados en la sociedad de EEUU "está destinado a fallar en los niveles político y práctico".

Ante el inicio del debate migratorio en el Comité Judicial del Senado, el jueves, líderes religiosos, sindicales, comunitarios y de negocios del área de Washington, emitieron su condena a la iniciativas de inmigración que, en su opinión, son hostiles.

El líder de los demócratas en el Senado, Harry Reid, dejó claro, en un comunicado, "que la inmigración legal es crucial para nuestra vitalidad económica porque ayuda a llenar los huecos de mano de obra que puedan obstaculizar el crecimiento de un negocio".

Reid señaló que a menos que EEUU atienda la diferencia que existe entre sus leyes de inmigración y la realidad, "la inmigración ilegal no va a detenerse y la situación en la frontera seguirá siendo caótica". EFE