La reforma agraria, el desarrollo y la potenciación de las comunidades rurales son considerados por la ONU pasos indispensables para reducir la pobreza en el mundo y alcanzar los objetivos que fueron fijados por todos los países miembros para el año 2015.

Esas metas serán el eje de una conferencia convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que comenzará mañana en Porto Alegre (Brasil).

Las estadísticas del Banco Mundial muestran que de los 6.237 millones de personas que pueblan la tierra, 3.257 viven en zonas rurales.

Del total, 1.100 millones viven con menos de un dólar diario y no pueden cubrir sus necesidades básicas, y de ellos, 850 millones residen en zonas rurales y dependen de la agricultura para sobrevivir.

Según la FAO, en la mayoría de los países pobres la agricultura representa del 50 al 80 por ciento del empleo.

La pobreza rural afecta incluso a países considerados ricos y prósperos, como Estados Unidos y Canadá, que, siendo parte del grupo de donantes que ayuda a los países más pobres, tienen bolsas de pobreza.

Según cifras de las Naciones Unidas, el 40 por ciento de la población de América Latina y el Caribe habita en áreas rurales y cerca del 64 por ciento de habitantes en esas zonas vive por debajo del umbral de pobreza.

Por su parte, estudios del Banco Mundial muestran que cerca del 37 por ciento (unos 65 millones de personas) de los pobres de América Latina y el Caribe viven en áreas rurales.

En países como Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, la proporción llega al 70 por ciento, mientras que en México el 35 por ciento de la población del campo no gana lo suficiente para adquirir la canasta básica de alimentos.

Los pueblos indígenas constituyen el mayor grupo dentro de la población rural (aproximadamente un tercio) en los países de la región y figuran entre los más vulnerables al ser los que tienen menor acceso a servicios básicos, como educación, cuidados de salud y vivienda.

En Guatemala, donde representan más del 40 por ciento de la población total, tres de cada cuatro indígenas son pobres.

Estudios de la FAO han mostrado que el gasto público rural en Latinoamérica ha disminuido en los últimos años y la región sólo gasta el 6 por ciento de su presupuesto en el campo.

Brasil y México tienen un gran peso en el gasto público, ya que representan el 70 por ciento del total, mientras que en el otro extremo se sitúan, por una inversión menor, Jamaica y Bolivia.

Los países que aumentaron su gasto público rural entre 1985 y 2001 fueron Uruguay, Chile, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Paraguay, Argentina, la República Dominicana, Perú, Ecuador y Bolivia, pero hubo retrocesos en México, Costa Rica, Brasil, Jamaica, Venezuela y Colombia.

Los análisis del Banco Mundial indican que la contribución de la agricultura al Producto Interior Bruto (PIB) de Latinoamérica y el Caribe es el doble de lo que sugieren las cifras oficiales, que lo sitúan en el 12 por ciento, y que, por tanto, su importancia real está infravalorada.

El acceso y uso de la tierra constituye un problema serio en toda la región, según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), una agencia especializada de la ONU que se dedica a erradicar la pobreza mediante el desarrollo rural.

Esta agencia subraya que la mayoría de los productores agrícolas de la región laboran en pequeños terrenos, normalmente situados en áreas marginales de baja productividad, lo que contribuye al deterioro de los recursos naturales.

El resultado es que las actividades no agrícolas y las remesas de trabajadores que han emigrado a otras áreas del país o al extranjero se han convertido en importante fuente de ingresos para estos pobres del campo. EFE