“Urgimos de la seguridad pública en paz y con justicia, convertidas en utopías mientras sigamos permitiendo que los criminales del crimen común y del organizado y sus cómplices oficiosos y oficiales, tengan más poder que todos los poderes del Estado y que el propio poder de todos los ciudadanos honestos de este país”, expresó.

Custodio hizo sus observaciones durante la presentación al Congreso Nacional del “Informe anual de actividades 2005”.

Demandó atender de manera integral las causas del fenómeno, respetando las leyes y los derechos humanos.

En su alocución ante los diputados, Custodio dijo que la población hondureña percibe “un sistema policial débil e ineficiente, caracterizado por su inexperiencia para tratar el fenómeno de la criminalidad y un sistema penitenciario que no cumple su rol para rehabilitar al delincuente”.

“La población percibe, además, que la estrategia del gobierno para el combate a la criminalidad carece de una política pública en materia de criminalidad”, apuntó.

Consideró que “la complicidad con el crimen, el abuso de autoridad y la corrupción de los cuerpos policiales y su consecuente involucramiento en actividades delictivas crea temor social en la población”.

“El sentimiento de desconfianza de la población por el sostenimiento de una estructura de impunidad que protege y no castiga los actos delictivos cometidos, tanto por delincuentes juveniles como los de cuello blanco, refuerza las conductas delictivas” y “refuerza en la población la creencia de que el marco normativo no existe o no sirve para nada”, sostuvo.

Asimismo cuestionó el sistema penitenciario nacional, en el cual prevalece la inseguridad y el hacinamiento.

“Urge una intervención; urge tomar decisiones ya no crear más comisiones; urge un Instituto Penitenciario que copie un modelo de los países vecinos, particularmente de Nicaragua y Costa Rica”, indicó.

En su discurso, Custodio lamentó la decisión gubernamental de suspender la Unidad Especial para investigar la muerte de menores”, creada por la administración del ex presidente Ricardo Maduro, el 02 de septiembre del 2002.

Dijo que esta es una decisión que “dio al traste con el interés y la buena fe de las instituciones que la integraban, de poder investigar las ejecuciones extrajudiciales y así erradicar esta viciada e inhumana práctica de la justicia por propia mano”.

En este momento hay un cuerpo policial que pretende encargarse del problema, sin garantizar el profesionalismo y la ecuanimidad que el mismo exige, expuso.

Custodio también denunció el creciente número de muertes de mujeres en hechos violentos.

“Es un hecho que alcanza las proporciones de un asesinato continuado de múltiples víctimas, que es parte del capítulo de impunidad que caracteriza otras muertes extrajudiciales”, indicó.

En su discurso, el titular del CONADEH también señaló las debilidades registradas en el proceso electoral, que concluyó con la elección del actual presidente de Honduras, Manuel Zelaya.

Llamó la atención por el alto índice de abstencionismo registrado en el proceso, del 49,66 por ciento, y del hecho de que los partidos políticos no lograron un crecimiento electoral, aún en términos absolutos. En suma los partidos políticos habían obtenido en el año 2001 un total de 2,174,702 sufragios en el nivel presidencial, mientras que en el 2005 esa cifra se redujo a 2,001,908, que significa la pérdida de 172,795 preferencias., reseñó.

Es una situación, señaló, “que puede ser vista como una falla del sistema electoral que no ha educado adecuadamente a todos los ciudadanos y ciudadanas, o que a estos ya no les convence votar porque no ven ningún cambio”.

Llamó al fortalecimiento institucional del TSE, que es, señaló, “un desafío impostergable para la reforma prioritaria en la que los partidos y las organizaciones sociales tienen que concentrar los esfuerzos, en aras de garantizar pilares básicos de la democracia electoral como lo son la confianza, transparencia y competitividad política”.

Finalmente, Custodio informó de que en 2005 el CONADEH recibió más de 9.000 quejas, de las que el 41 por ciento fueron contra la autoridad (Policía Preventiva, Policía de Investigación y Policía de Tránsito); el 10 por ciento por violaciones en contra de la mujer, y el 16 por ciento en contra de la niñez.

Indicó además que las formas más frecuentes de violaciones a los derechos humanos en Honduras son: el derecho a la integridad personal, detenciones ilegales, abuso de autoridad, derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

También el retardo de justicia, abuso de autoridad, derecho al debido proceso, delitos y faltas de la administración pública, derechos de la mujer, niñez y adolescencia, y derechos económicos, sociales y culturales.