Agrega que, aunque el Gobierno y sus agentes no se involucraron en asesinatos por motivaciones políticas en el 2005, "miembros de la fuerza policial participaron en un número de homicidios y secuestros ilegales".

Por otro lado, dice que la corrupción en el gobierno es ampliamente percibida como un problema serio, y que a pesar de que la discriminación está prohibida, la sufren los indígenas, homosexuales, pacientes de sida y los discapacitados.

Entre otras violaciones a los derechos humanos en Guatemala, EEUU menciona la violencia contra la mujer, los delitos sexuales, abusos contra los niños y las acciones delictivas de las pandillas, algunos de cuyos miembros han sido asesinados de forma clandestina.

También menciona a las fuerzas de seguridad en el asesinato ilegal de seis ciudadanos durante el último año.

El documento manifiesta que otro de los graves problemas contra los derechos humanos en El Salvador son las condiciones peligrosas y deprimentes que persisten en sus cárceles.

Asimismo, destaca que en ese país subsiste como "un amplio y serio problema" la violencia contra la mujer, un sector que también afronta violaciones y otros delitos sexuales.

Washington considera que en ese año la situación de los derechos humanos nicaragüenses se agravó "significativamente por la persistente impunidad, corrupción y forcejeo entre la administración del presidente (Enrique) Bolaños y la oposición política que domina" la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.

Critica las "duras" condiciones en las cárceles, y destaca que el sistema de prisiones "continúa con insuficiencia de fondos y un abastecimiento de medicamentos que va desde inadecuado a inexistente.

"La corrupción y la impunidad siguen siendo un problema", precisa el informe, tras advertir que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua tomó una postura partidista en asuntos legales durante el conflicto institucional entre el gobierno de Bolaños y sus
opositores en la Asamblea Legislativa, el año pasado.

Manifiesta que la campaña contra la corrupción de Bolaños ha sido obstaculizada por la corrupción y la politización del sistema judicial.

Asaegura que las autoridades de Managua hicieron "poco esfuerzo para combatir la discriminación" por raza, género, discapacidad, lengua o condición social.

En Nicaragua, las más frecuentes violaciones a la mujer lo constituyeron en el 2005 la violencia doméstica y sexual, y la crueldad contra los niños, según Washington.

No obstante, hace notar que "algunos miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos aislados" durante el 2005.

Washington destaca que Costa Rica ha hecho avances notables en sus esfuerzos por erradicar el problema del trabajo por parte de menores de edad, y en superar la crisis de superpoblación en las prisiones.

Hasta hoy, las autoridades de San José han reducido la superpoblación penal al cuatro por ciento por medio de la ampliación de varias penitenciarías.

Además, el análisis estadounidense refleja que "agentes gubernamentales tuvieron que responder (ante la justicia) por violaciones de derechos humanos", lo que, según la visión de EEUU, constituye otro logro del país centroamericano.

En cuanto a Panamá, el Departamento de Estado de EEUU considera que el gobierno del presidente Martin Torrijos respetó "por lo general" los derechos humanos durante el último año.

Sin embargo, añade que en ese período se detectaron "graves problemas" en las condiciones de las cárceles.

Agrega que en el 2005 el sistema judicial panameño fue "sujeto de corrupción y manipulación política".

El documento critica el hacinamiento en las prisiones del país y en este sentido señala que en diciembre pasado habían 11.748 reclusos en un sistema penal con una capacidad para 7.213 internos.

EEUU cree que esta situación endurece las condiciones en la cárceles hasta convertirlas en "peligrosas para la vida".

A este extremo, el análisis estadounidense, le suma el "problema recurrente" de los abusos de los reclusos por parte de los guardias carcelarios.

El informe también menciona entre las violaciones a los derechos humanos en Panamá las presiones políticas contra los medios de comunicación, la discriminación contra la mujer y los indígenas, el tráfico de personas y que los menores de edad trabajen,
especialmente en la agricultura.

Washington se congratuló de que, "en contraste con el pasado año", en el 2005 no hubo en Panamá secuestros o violaciones por parte de los insurgentes colombianos en las provincias panameñas de Darien y Kuna Yala, fronterizas con Colombia.