09
de marzo de 2006
Tegucigalpa
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras,
Ramón Custodio, advirtió hoy que el país
podría estar asistiendo a una de las situaciones más
graves de derechos humanos, desde la aplicación de
la Doctrina de la Seguridad Nacional, en la década
de los años 80, como consecuencia de la recurrentes
ejecuciones arbitrarias de personas en el país. |

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Ramón
Custodio, comisionado de DD HH. |
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La aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional dejó
un saldo de al menos 184 personas desaparecidas por motivos políticos
en el país.
Según registros de la organización humanitaria Casa
Alianza, al menos 2.028 niños y jóvenes menores de
23 años han sido asesinados entre 2002 y febrero de 2006.
El organismo denunció la semana anterior que la mayoría
de estos asesinatos se mantienen impunes.
Custodio dijo que el no investigar diligentemente estos casos hace
que el Estado de Honduras incurra en responsabilidad internacional.
Explicó que la Relatoría Especial de las Naciones
Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias,
incluye dentro de esta figura no sólo aquellos homicidios
directamente perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado, sino
también las muertes que son consecuencia de ataques de grupos
paramilitares, escuadrones de la muerte u otras fuerzas privadas,
“que cooperan con el Gobierno o son toleradas por éste”.
“Los Estados que incumplen la obligación de investigar
presuntas violaciones del derecho a la vida y de entablar juicio
contra los responsables, caen también dentro de la responsabilidad
establecida por estos estándares internacionales”,
recalcó.
Custodio consideró que los “justicieros”, sean
particulares o agentes del Estado, se han colocado al nivel de los
presuntos delincuentes que dicen combatir.
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Unos 2.028 niños y jóvenes menores de 23
años han sido asesinados entre 2002 y febrero de
2006. |
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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos también
expresó su preocupación por la posición
asumida por importantes sectores de la población los
que “por ese efecto corruptor que tiene la violencia,
se han acostumbrado a verla y han, por tanto, asumido una
actitud indiferente ante la muerte de personas, llegando al
extremo de justificar estos homicidios”. |
Custodio dijo que “cuando el Estado no investiga las muertes
se cae en el delito de tolerancia” y que “desde esa
perspectiva, no basta que el Estado diga hay ejecución extrajudicial
para que ya se exima de responsabilidad, como ocurrió con
el gobierno anterior”.
“No basta con admitir, yo admito mi delito, me arrepiento
del delito, corrijo el delito y pago por el delito, hay que castigar
a los responsables”, demandó.
Custodio hizo sus comentarios tras conocer el contenido del en el
informe anual del Departamento de Estado de EEUU sobre la vigencia
de los derechos humanos en el mundo, difundido ayer en Washington.
El informe señala que las fuerzas de seguridad están
bajo sospechas de "estar directamente involucradas en asesinatos
extrajudiciales arbitrarios, y homicidios sumarios".
También culpa al gobierno de Tegucigalpa de mantener en "pésimas"
condiciones sus cárceles, en las cuales han sido asesinados
algunos de los reos por parte de miembros de los cuerpos de seguridad.
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