La capital estadounidense, Washington, y la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, son los escenarios elegidos para las marchas convocadas para hoy por las organizaciones de defensa de los inmigrantes, que cuentan con el apoyo de otros grupos económicos y religiosos.

En Washington, cientos de líderes religiosos de todo EEUU planean manifestarse en las inmediaciones del Capitolio con sus manos esposadas, en señal de denuncia por las propuestas legislativas que criminalizan a los indocumentados y a quienes les ayuden a buscar trabajo.

No se espera, sin embargo, que alguno de los actos convocados para hoy tenga un seguimiento tan masivo como la "megamarcha" celebrada el sábado en Los Angeles, en la que participó hasta medio millón de personas, convirtiéndose así en la mayor protesta en la historia reciente de EEUU.

Los inmigrantes, en su mayoría de origen hispano, quieren hacer oír su voz con vistas a frenar algunas de las medidas que se barajan para incluir en la reforma de la política de inmigración y que han suscitado serias divisiones entre los propios legisladores, incluso los del Partido Republicano del presidente George W. Bush.

Una de las más controvertidas es el llamado programa de trabajadores huéspedes, que defiende Bush y rechazan algunos de sus correligionarios.

Es el caso del representante republicano Tom Tancredo, quien considera que ese programa -que permitiría a los indocumentados legalizar su situación, pero sólo mientras realicen un trabajo que no quieran hacer los estadounidenses- es una amnistía encubierta.

Según Tancredo, si se les permite entrar sin permiso y quedarse, con el único castigo de pagar una multa, se enviaría un "horrible mensaje", sobre todo a las personas que tratan de llegar a EEUU siguiendo todos los pasos legales.

El plan de Bush, añadió, "es una bofetada en la cara de cada persona que lo ha hecho bien, y de todos los que esperan para hacerlo de forma correcta".

El también republicano y presidente del Comité del Senado en el que se va a discutir la reforma, Arlen Specter, explicó que el citado programa no tiene nada de amnistía.

Specter considera que los inmigrantes tendrían que pagar una multa, demostrar que trabajan y ponerse en la cola de la lista de quienes aspiran a obtener la ciudadanía estadounidense.

Bush también lo considera así y lo defiende con firmeza porque, en su opinión, contribuiría a aliviar la presión en la frontera con México, el país más afectado por la futura reforma, ya que se calcula que unos diez millones de mexicanos viven en EEUU y la mitad de ellos son indocumentados.

El Gobierno mexicano, que ha expresado su confianza en que la reforma se concrete en una legislación justa y humanitaria, seguirá con atención las discusiones de Washington.

Esas discusiones se elevarán al máximo nivel el jueves en el balneario de Cancún, donde el presidente mexicano, Vicente Fox, tendrá ocasión de hablar del asunto directamente con Bush, en el marco de una reunión tripartita en la que también participará el primer ministro canadiense, Stephen Harper.

La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se refirió el domingo a esta cita, al afirmar que lo que se espera de las autoridades mexicanas es que reconozcan "la importancia de la defensa de las fronteras y de las leyes estadounidenses".

Rice se mostró confiada en que México asumirá su responsabilidad en este ámbito y precisó que la reforma migratoria debe también prever un trato "humano" para los indocumentados.

"Tenemos una población aquí que debe ser tratada de forma humanitaria. No importa cómo hayan venido", subrayó Rice.

El senador demócrata Edward Kennedy declaró que lo que hay que considerar es que "tenemos a esas personas aquí" y el reto consiste en abordar su situación de la mejor manera posible y sin perjudicar a quienes siguen las vías legales. EFE