El vicepresidente, Alvaro García Linera, criticó con dureza a los huelguistas, a los que acusó de chantaje, y felicitó a los ciudadanos por haber acudido a sus puestos de trabajo pese a las dificultades.

García Linera consideró la reacción de la población como "una victoria de un país que apuesta por el cambio", al tiempo que reiteró la postura del Gobierno de rechazar el reclamo de los chóferes.

"Los impuestos no se negocian", advirtió el vicepresidente, aunque aclaró que el Ejecutivo de La Paz está dispuesto a "tratar otros temas en beneficio de la institución y del sector", como la construcción y mejora de la infraestructura vial.

El Gobierno de Morales exige a los dueños de los autobuses que emitan facturas y paguen los impuestos al valor agregado, a las transacciones y a los beneficios, y de esta forma evitar que continúen amparados en un régimen en el que pagan ínfimas sumas, pese a tener inversiones notables.

Según el Ministerio de Hacienda, 177 propietarios tienen registrados oficialmente 248 autobuses y pagan entre todos la cantidad de 1.843 dólares anuales en el "régimen integrado".

Sin embargo, las compañías de transporte operan en todo el país con 1.167 flotas que, si ingresaran al "régimen general", tributarían anualmente 2,3 millones de dólares.

Pese a que los dirigentes de la Confederación de Transportistas de Bolivia calificaron de exitoso el paro, la suspensión del servicio de transporte de pasajeros no fue total y no impidió que la ciudadanía desarrollara sus actividades cotidianas, aunque con dificultades.

La huelga tuvo mayor seguimiento en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre y Tarija, donde los chóferes bloquearon con sus vehículos las avenidas y los puntos de salida hacia las carreteras interprovinciales, además de cerrar las terminales de autobuses.

En estas poblaciones, los transportistas no afiliados a los sindicatos dieron un servicio de emergencia que resultó insuficiente para los ciudadanos.

Por esta razón, se vieron imágenes poco comunes, con miles de personas caminando por las calles y jóvenes que aprovecharon la ocasión para jugar a fútbol sobre el asfalto.

Los que pudieron contratar automóviles para desplazarse corrieron el riesgo de encontrarse con algún piquete de huelga que les cerrase el paso.

En esos casos, se produjeron algunas escenas denigrantes que caracterizan estas medidas de fuerza en Bolivia, como cuando los huelguistas obligan a bajar de sus automóviles a los conductores que no acatan el paro y los azotan públicamente con palos y "chicotes", unos látigos usados para arrear el ganado en Los Andes.

El máximo dirigente de los chóferes, José Luis Cardozo, pidió al mandatario boliviano, formado en el sindicalismo, "no olvidarse de que él ha asumido (la presidencia) gracias a las fuerzas sociales".

Además, advirtió de que la medida de fuerza puede repetirse en los próximos días si las autoridades no los reciben para atender sus reclamos.

Cardozo negó que hubiera pedido cargos en la Administración, como han denunciado algunos funcionarios gubernamentales, e insinuó que el mandatario pretende subir la recaudación estatal para financiar la campaña oficialista a la próxima Asamblea Constituyente, que se elegirá en las urnas el próximo 2 de julio.

Los más afectados por la huelga fueron los ciudadanos que intentaron realizar viajes interprovinciales, muchos de los cuales permanecen en las terminales de autobuses a la espera de que se levante la protesta.

Sin embargo, los transportistas han anunciado que continuarán el viernes la suspensión de esos desplazamientos. EFE