Perdue dio paso con su firma a la ley, que es considerada por las organizaciones comunitarias como la más nociva que ha surgido en Georgia en los últimos años (ver recuadro con detalles de la ley).

El proyecto SB529 fue patrocinado por el senador republicano Chip Rogers, y desde un inicio fue respaldado por la mayoría de políticos del estado, especialmente por los republicanos.

Entre los estatutos de la ley SB529, se establece la restricción de los servicios de salud a los indocumentados mayores de 18 años. Sin embargo, no anula el derecho de las personas de recibir atención médica en caso de emergencia o el de los niños a recibir educación pública, independientemente de su situación migratoria.

Pero la ley sí requerirá que se verifique el estatus migratorio de las personas para solicitar estos beneficios públicos.

Esta legislación pretende restringir el acceso de los indocumentados a la educación y salud pública, una vez que lleguen a cumplir los 18 años de edad.

Consternación
Pese a que la mayoría de cláusulas de la SB529 no entraran en vigor hasta en julio de 2007, los líderes activistas ya demostraron su preocupación al respecto.

Tisha Tallman, directora regional del Fondo México Americano para la Defensa Legal y Educativa (MALDEF), aseguró que tomará medidas legales y que denunciará ante los tribunales la ley, pues la considera “inconstitucional”.

Por su parte, el mexicano Joe Mariscal, presidente de la organización comunitaria Estamos Unidos, mostró resignación en la aprobación de la SB529. “Ahora solo nos falta esperar que pronto sea aprobada una reforma migratoria, porque es lo único que ahora puede minimizar el duro efecto de esta nueva ley”, concluyó.

Además, establece el cobro de un impuesto de 5% sobre las remesas que los inmigrantes manden hacia sus países de origen. La ley castiga también a los contratistas que no verifiquen la documentación de sus obreros, ya que todos los empleados deben demostrar que se encuentran legales en Estados Unidos. La SB529 también faculta a los oficiales de policía local para que verifiquen la nacionalidad y el estatus legal de los capturados, aun si son detenidos por delitos menores.