Entregan a fiscalía de Honduras sentencia contra López Grijalba
   

04 de mayo de 2006

Tegucigalpa - Organismos de defensa de los derechos humanos entregaron hoy al Ministerio Público hondureño la sentencia emitida en abril pasado por un tribunal de EEUU contra un ex jefe militar acusado de torturas y desapariciones en la década de 1980.

Juan Evangelista López Grijalba.


"Una abogada del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) ha entregado la sentencia al fiscal general, Leonidas Rosa Bautista, y a la fiscalía especial de los Derechos Humanos", dijo la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva.

Señaló que espera que el Ministerio Público abra una causa penal en contra de López en los tribunales hondureños.

Según la sentencia estadounidense, el coronel retirado Juan Evangelista López Grijalba debe pagar 47 millones de dólares a varios hondureños por los abusos que se cometieron cuando estuvo al frente de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y el escuadrón de la muerte conocido como Batallón 316.

El CJA informó de que la demanda en contra de López se interpuso en el 2002 por un equipo legal en EEUU.

La denuncia fue promovida por Zenaida Velásquez, hermana del asesinado líder estudiantil Manfredo Velásquez, y el periodista Oscar Reyes y su esposa Gloria, quienes fueron secuestrados, torturados, golpeados y sometidos a descargas eléctricas en 1982.

Asimismo, por dos hermanas de Hans Madisson, un estudiante de 24 años, secuestrado y asesinado también en 1982.

"Si el Ministerio Público quiere puede abrir esa acción penal; si se quisiera, este puede ser el principio del fin para romper las vestiduras de la impunidad que hemos vivido en Honduras", expresó Oliva.

Anunció que su organismo estará pendiente de las acciones que emprenda la fiscalía en este caso "porque los delitos cometidos por López Grijalba son de orden público".

"Nosotros esperamos que se proceda con la prestancia posible, sino lo hacen es porque no quieren y no tendría razón de existir una fiscalía de Derechos Humanos", sostuvo Oliva.

Consideró que en Honduras los imputados en delitos de lesa humanidad "han sido los principales beneficiados con este sistema de impunidad que ha prevalecido en el país".

"Pero eso no quiere decir que no son responsables de esos delitos", agregó. EFE

 
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