La coordinadora del grupo "Nadie es ilegal", Sima Zerehi, acaba de calificar la actitud del gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper, que asumió el cargo a finales de enero, como "la importación de medidas de fuerza de estilo estadounidense".

Al tiempo de expresar su preocupación por las últimas acciones de las autoridades migratorias de Canadá, Zerehi consideró que significan la "apertura de la veda" contra los inmigrantes en situación ilegal.

En marzo pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Diogo Freitas do Amaral, se tuvo que desplazar de urgencia a Ottawa después de que el Ministerio de Inmigración de Canadá expulsase a varias familias portuguesas que llevaban años en este país de forma ilegal.

Freitas do Amaral se reunió con los ministros de Inmigración, Solbe Monte, y Asuntos Exteriores, Peter McKay, quienes le aseguraron que las autoridades canadienses no estaban concentrando sus esfuerzos en la comunidad portuguesa y que las expulsiones no eran señal de un endurecimiento de sus prácticas.

Pero lo sucedido en las últimas semanas con dos familias costarricenses ha causado la alarma entre grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, políticos de la oposición e incluso el ministro de Seguridad Pública.

El 27 de abril, funcionarios del Ministerio de Inmigración detuvieron en su domicilio de Toronto a Francella Sossa, a su hija de dos años y a sus padres.

Con la familia en un vehículo -el marido de Francella, Gerald Lizano, se libró de la redada porque estaba en su trabajo-, los agentes se dirigieron al colegio donde estudian los otros dos hijos del matrimonio, Kimberly y Gerald, y los detuvieron en presencia de sus compañeros de clase.

Kimberly (de 15 años) y Gerald (de 14) fueron posteriormente liberados, pero Francella sigue en un centro de detención junto con su hija Joshlynn. Mientras, Gerald Lizano está en paradero desconocido.

Un día después, el 28 de abril, los funcionarios del Ministerio de Inmigración volvieron a actuar contra otra familia costarricense.

En esa ocasión, se presentaron primero en la escuela a la que asistían Lisbeth y Hacel Araya (de 7 y 14 años) y amenazaron con llevarse a las niñas si sus padres no se presentaban de inmediato.

La madre, Denia Araya, se apresuró a acudir la escuela, donde fue detenida y llevada junto con sus hijas a un centro de detención, aunque posteriormente todas fueron puestas en libertad.

El uso de los niños como señuelo ha causado estupor tanto en Canadá como en Costa Rica.

El Gobierno costarricense envió una carta al de Ottawa en la que solicitaba explicaciones por la forma en que los funcionarios canadienses habían actuado en ambos casos.

El embajador de Costa Rica en Ottawa, Carlos Miranda, confirmó el lunes a Efe que las autoridades de San José esperan la respuesta del gobierno de Harper, pero calificó de inusual lo ocurrido con las dos familias.

Tres diputados de la oposición, dos liberales y una socialdemócrata también se unieron en Canadá a las voces críticas y se ofrecieron como garantía para que Francella Sossa pueda ser liberada hoy por un juez migratorio.

E incluso el propio ministro de Seguridad Pública del gobierno de Harper, Stockwell Day, ha tildado los procedimientos empleados de "anormales" y ha prometido una investigación de los hechos.

Pero Zerehi ha dicho que el actual gobierno conservador de Canadá envía mensajes contradictorios sobre su política y que la realidad es que desde la llegada al poder de Harper las detenciones de inmigrantes ilegales han aumentado significativamente. EFE