Más
de un centenar de ataques a puestos, agentes y patrullas de la
policía en diferentes partes de la capital y rebeliones
de presos con centenares de rehenes en diversos municipios del
estado más rico y poblado de Brasil arroja la ola de violencia,
que estalló la noche del viernes y continuó el domingo.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo
informó de que en entre los 52 muertos hay 35 agentes del
orden, entre policías militares, civiles, agentes de la
Guardia Civil Metropolitana y carcelarios, así como tres
civiles y catorce presuntos pistoleros.
Entre los heridos hay 24 miembros de la Policía Militar,
cinco de la Policía Civil, cinco de la Guardia Metropolitana,
dos carceleros, ocho civiles y seis sospechosos de participar
en los atentados.
De forma simultánea estallaron 59 rebeliones en cárceles
de Sao Paulo, que acoge al 40 por ciento de los 140.000 presos
brasileños.
Varios motines fueron sofocados en las últimas horas, pero
se teme que al menos 273 personas permanezcan aún en poder
de quienes mantienen la insubordinación.
En la cárcel de Ribeirao Preto, a 310 kilómetros
de la capital, el levantamiento terminó con tres reclusos
muertos. Ocho más perecieron y quince resultaron heridos
en la de Sao Sebastián, en el litoral norte.
En la noche de hoy al menos tres autobuses fueron incendiados
por desconocidos en diversos puntos de la ciudad.
La Secretaría de Seguridad Pública aseguró
que los ataques de la mafia constituyen una represalia contra
las autoridades por cambiar de prisiones a capos del "Primeiro
Comando da Capital" (PCC).
El PCC, promotor de las principales insurrecciones en cárceles
paulistas, coordinó 29 simultáneas el 18 de febrero
de 2001, que dejaron treinta muertos, la mayoría miembros
de bandas rivales.
El jueves fueron transferidos 765 reclusos de presidios del interior
del estado a dos cárceles de máxima seguridad, una
en Presidente Venceslau, a 620 kilómetros al oeste de Sao
Paulo, y la otra en la zona norte de la capital.
La ola de violencia, que no cesa, y las confusas explicaciones
oficiales provocaron hoy indignación entre expertos y líderes
de entidades sociales y eclesiásticas, partidarios de penas
más duras e instrumentos para entrenar y reforzar las fuerzas
de seguridad.
El gobernador estatal, Cláudio Lembo, que hoy rechazó
la oferta de ayuda del Ministerio de Justicia y dijo tener "la
situación bajo control", manifestó el sábado
que su despacho había calculado los riesgos derivados del
traslado de los capos presos.
El comandante de la Policía Militar, coronel Elizeu Eclair
Teixeira Borges, aseguró que sus hombres estaban en estado
de alerta y que gracias a esta actitud "el número
de muertes fue mucho menor".
Hoy el ex secretario nacional de Seguridad Pública del
Ministerio de Justicia, José Vicente da Silva, afirmó
que Sao Paulo carece de un servicio de inteligencia "inteligente".
"El servicio de inteligencia para ser inteligente debe anticipar
estas cosas con un plazo razonable, para que sean tomadas las
medidas necesarias, y eso no ha ocurrido", sostuvo.
Añadió que hay "excesiva libertad" en
las prisiones brasileñas, amparada por beneficios como
diálogos no vigilados de reclusos de alta peligrosidad
con sus abogados, y hasta por las visitas íntimas.
El Episcopado brasileño expresó hoy su "vehemente
repudio" por lo que consideró "brutales y terroríficos
actos de violencia planeados y practicados por el crimen organizado".
A su turno el director de la Asociación de los Oficiales
de la Policía Militar, mayor Sergio Olímpio Gomes,
sostuvo que "los presos en Brasil mandan dentro y fuera de
las penitenciarías".
El presidente de la Asociación de los Cabos y Soldados
de la Policía Militar, Wilson Moraes, expresó que
la Policía afronta en la actualidad tres problemas: "mal
pagados, mal armados y mal equipados".
Puntualizó que los secretarios de Seguridad y de la Administración
Penitenciaria, irónicamente, "no entienden nada de
seguridad" y por ello no infunden respeto entre sus subordinados.
EFE
