Por 61 votos frente a 37, los senadores desestimaron la propuesta de la senadora demócrata Dianne Feinstein (California) que buscaba evitar una legalización de los indocumentados en función de los años de permanencia en EEUU.

La votación mostró el límite que tiene en el Senado un acuerdo para regularizar a los indocumentados y hace prever que cualquier ley que salga del Congreso este año sobre el tema va a procurar que, al menos, una parte de indocumentados abandone el país.

Pero varios senadores sugirieron que el rechazo a la enmienda servirá para mantener vigente un acuerdo bipartidista de reforma migratoria que podría aprobarse esta semana y que luego deberían negociar con la Cámara de Representantes.

El proyecto que el Senado votaría entre el miércoles y jueves divide a los indocumentados en tres categorías y permite legalizar a quienes están en EEUU desde hace cinco años o más, y después de seis años paguen una multa e impuestos, pasen un control de antecedentes penales y aprendan inglés.

Los extranjeros que hayan vivido sin papeles en EEUU entre dos y cinco años tendrían que salir del país, volver a entrar con una visa de trabajo temporal que obtendrían de forma automática y después de cuatro años podrían pedir la residencia permanente.

Los indocumentados que tengan menos de dos años en EEUU deberían volver a sus países de origen y, si desearan volver a entrar, deberían solicitar una visa de trabajo temporal, sin garantías de recibirla.

El Centro Hispano Pew estimó que hasta marzo del 2005 había 6,7 millones en la primera categoría, 2,8 millones la segunda y 1,6, en la tercera.

Cecilia Muñoz, vicepresidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), que promueve los derechos de los hispanos, dijo a Efe que con ese proyecto "el mejor escenario es que de los 12 millones (de indocumentados), entre nueve y 10 millones podrían legalizarse".

Pero Feinstein afirmó que la división en tres categorías "es impracticable, crearía una pesadilla burocrática y conduciría a un fraude importante".

Su propuesta abría la puerta a la legalización con la creación de una "tarjeta naranja" para que pudieran trabajar si pagaban impuestos y una multa, y demostraban tener conocimientos de inglés, de historia y sobre el gobierno estadounidense.

Después de esperar ocho años a lo sumo, podían obtener un permiso de residencia permanente.

La Coalición por una Reforma Migratoria Integral y cerca de 160 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes habían reclamado que el Senado aprobase la propuesta de Feinstein.

Los grupos enviaron cartas a los senadores donde se manifestaron "profundamente preocupados" porque el proyecto de ley del Senado excluirá a demasiados inmigrantes que trabajan con fuerza, cumplen la ley, y hacen importantes contribuciones a este país.

De todas formas, el proyecto de la Cámara Alta es considerado la principal esperanza de legalización de una parte de los inmigrantes sin papeles.

Pero, si resulta aprobada como se espera, la iniciativa deberá sobrevivir una negociación con la Cámara de Representantes, que en diciembre aprobó un proyecto republicano que criminaliza a los 12 millones de indocumentados, sin posibilidad de legalización alguna.

El presidente estadounidense, George W. Bush, ha mostrado su respaldo a la versión del Senado, pero varios activistas reclaman que se involucre más directamente en las negociaciones con los conservadores de su partido para evitar que la reforma migratoria naufrague.

El diario "The Washington Post" publicó hoy que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Dennis Hastert, podría bloquear la aprobación de un proyecto al exigir que cuente con el apoyo de la mayoría de los congresistas de su partido, algo que parece improbable. EFE