En
un comunicado, Custodio dijo también que las cárceles
hondureñas "no obedecen a una verdadera política
criminal del Estado" y que la policía de este país
"es corrupta en todas sus ramas y hay una total inseguridad".
Según los registros del Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos, 118 reos se fugaron de las cárceles hondureñas
en 1999, 72 en el 2000, 24 en el 2001, 81 en el 2002, 74 en
el 2003, y 67 en el 2004.
El registro no incluye a los cuatro reos que se fugaron de la
Penitenciaría Nacional, unos 30 kilómetros al
norte de Tegucigalpa, el martes pasado.
Las autoridades penitenciarias informaron a la prensa de que
entre los fugados se encuentra Santos Padilla, implicado en
la muerte de Ricardo Maduro Andreu, hijo del ex presidente hondureño
Ricardo Maduro, ocurrida en abril de 1997.
Según el informe, Padilla y sus compinches rompieron
los barrotes de una de las celdas y escalaron un muro de la
Penitenciaría Nacional.
Custodio indicó que del total de fugados entre 1999 y
el 2004, las autoridades solo lograron re capturar 134 reclusos
"lo que significa que el 70 por ciento están prófugos"
de la justicia.
"La
situación es tan alarmante que solo en el año
2004 murieron 155 privados de libertad de los cuales 106 murieron
por incendio; 27 víctimas de las armas de fuego y las
armas blancas, y nueve por ahorcamiento", señaló.
Custodio consideró que en el sistema penitenciario de
Honduras existe un "alto grado de corrupción"
y cuestionó el que en las cárceles "aparecen
armas de fuego en manos de ciertos reos que actúan en
contra de otros y nunca se averigua cómo entran estas
armas a estos lugares".
"Entonces
yo diría que el caos de la política criminal del
Estado fuera de las prisiones se repite también dentro
de las prisiones", sostuvo el defensor de los derechos
humanos.
El 1 de junio, El grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria
de la ONU concluyó que Honduras "carece de un auténtico
sistema penitenciario" y que en el país existe "un
ineficiente sistema de administración de justicia".
La delegación, integrada por la jueza argelina Leyla
Zerrougui y su colega española Manuela Carmena Castrillo,
expresó además su preocupación por "el
exceso de poder de la Policía" en el proceso de
detención, rehabilitación y reinserción
de personas que delinquen. EFE
