En
vísperas de los comicios presidenciales y legislativos
del 2 de julio, la Administración de Vicente Fox anunció
que unos 340.000 policías estarán disponibles
para cuidar la jornada electoral, aunque excluyó que
la violencia y las protestas obreras puedan ponerla en riesgo.
El ministro de Seguridad Pública, Eduardo
Medina Mora, y otros altos funcionarios federales dijeron que
la campaña criminal atribuida a los cabecillas de la
droga "se focaliza en ciertas regiones" de México,
por lo que no representa una amenaza para el proceso electoral.
Narcotraficantes rivales se enfrentan a menudo
en las ciudades de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Tijuana,
fronterizas con Estados Unidos, y en localidades de los estados
de Michoacán, Sinaloa (oeste) y Guerrero (sur), con un
armamento en muchos casos superior al de la dispersa y mal entrenada
fuerza policial mexicana.
Varios jefes policiales y agentes rasos han
caído en los últimos meses bajo el fuego de los
jefes de la cocaína y la heroína, lo mismo en
Nuevo Laredo, colindante con la ciudad estadounidense de Laredo
(Texas), que en el balneario de Acapulco (Guerrero), consideradas
dos importantes plazas electorales.
Aunque el Gobierno lo niega y las autoridades
electorales lo soslayan, diversos analistas consideran que los
traficantes de cocaína y heroína han hecho una
demostración de fuerza en los últimos meses para
comunicarle de antemano al próximo gobierno que detentan
el poder en diversa regiones de México.
Los ciudadanos acudirán a las urnas este
domingo para elegir al sucesor de Fox, a cuatro gobernadores
de otros tantos estados y a decenas de alcaldes, entre ellos
el de Ciudad de México, así como para renovar
al bicameral Congreso Federal y diversas legislaturas regionales.
Según las encuestas, los candidatos con
mayores posibilidades de suceder a Fox son el izquierdista Andrés
Manuel López Obrador, el oficialista Felipe Calderón
y Roberto Madrazo, del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), que gobernó México de forma ininterrumpida
entre 1929 y 2000.
López
Obrador, ex alcalde de la capital del país; Calderón,
ex ministro de Energía y ex jefe del oficialista Partido
Acción Nacional (PAN, conservador), y Madrazo, antiguo
gobernador del sureño estado de Tabasco y ex presidente
del PRI, han prometido poner a raya al crimen organizado, aunque
con matices distintos.
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Los
tres coinciden en la necesidad de depurar y unificar las
fuerzas policiales antidrogas, pero López Obrador
se muestra más favorable que sus rivales a darle
facultades al Ejército para neutralizar a los delincuentes,
cuyas acciones también preocupan al Gobierno de
EEUU, el mayor consumidor de drogas del mundo.
Según
la prensa mexicana, Washington también teme que
los narcotraficantes puedan inyectar millones de dólares
en la campaña electoral de México para comprar
de antemano las conciencias de algunos líderes
elegidos.
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La
violencia y la posible infiltración de dinero sucio en
las campañas proselitistas no son las únicas sombras
del proceso electoral, pues miles de maestros, mineros y otros
trabajadores han salido a las calles en demanda de mejores salarios
y en rechazo la supuesta intromisión del Gobierno en
la autonomía de los sindicatos.
El
Ejecutivo excluye que la protesta de los mineros y otros trabajadores
sindicalizados, que desconvocaron un paro nacional anunciado
para hoy, pueda poner en riesgo las elecciones presidenciales,
que se anticipan como las más reñidas de la historia
reciente del país. EFE