El
ejemplo más reciente es el del estado de Colorado, que
ha prohibido esta semana el acceso a los servicios públicos,
excepto los de emergencia, a los inmigrantes ilegales.
La ley de Colorado replica otra aprobada en Georgia en abril y
pone de manifiesto que los estados han agarrado la sartén
por el mango ante la lentitud del Gobierno federal a la hora de
dar la estocada final a la ley de reforma migratoria.
"Estamos ayudando a sentar un precedente en el que los estados
toman la iniciativa y hacen frente a un problema que el Gobierno
federal no resolverá", aseguró Fred Elbel,
director de Defend Colorado Now, una organización partidaria
de restringir los servicios a los que tienen acceso los inmigrantes.
Michele Waslin, del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la mayor
organización defensora de los hispanos en EEUU, está
de acuerdo con Elbel en que el Gobierno federal "no está
actuando", pero no cree que las medidas adoptadas por los
estados sean la solución.
"Creo que este problema es responsabilidad de Washington",
dijo a Efe Waslin, quien señaló que, aunque es entendible
que los estados pasen a la acción, lo único que
están consiguiendo "es que haya una mayor discriminación
y que personas que realmente necesitan los servicios públicos
se queden sin ellos".
Para otros activistas lo más preocupante es ver cómo
gana terreno "la línea dura" en el acalorado
debate migratorio.
"Es realmente un día triste para Colorado cuando un
Congreso de mayoría demócrata alardea de unas nuevas
leyes que se traducirán en que alguna gente se quede sin
ayuda", afirmó en declaraciones al diario "Los
Angeles Times" Bill Vandenberg, portavoz de Colorado Progressive
Coalition.
 |
Este grupo ayudó a organizar las marchas pro inmigrantes
en el estado hace unos meses.
Colorado, de todos modos, no desarrolla una campaña
en solitario.
Otros estados como Luisiana, Illinois, Wyoming, Idaho o
Pensilvania también han endurecido sus políticas
migratorias.
|
En total, los gobiernos estatales han dado luz verde a 57 leyes,
según la National Conference of State Legislatures, que
señala que en muchos casos las normativas establecen multas
a las empresas que contratan indocumentados.
A la espera de ver si las medidas aprobadas en los últimos
meses se llevan realmente a la práctica, su efecto disuasorio
se deja notar ya en algunas partes del país.
Ese es el caso de Florida, donde millones de naranjas podrían
pudrirse este año en los árboles ante la ausencia
de suficientes recolectores, que tradicionalmente han sido inmigrantes.
Los agricultores se han quejado en las últimas semanas
de sus problemas para encontrar trabajadores, mientras que representantes
de la industria señalan que se agravaron en mayo, cuando
un gran porcentaje de hispanos pareció abandonar el estado.
Dave Crumbly, vicepresidente de Natural Growers, el tercer mayor
procesador de cítricos de EEUU, asegura que "la escasez
de mano de obra es lo que nos ha atrasado este año".
Crumbly asegura que hubo una estampida de trabajadores de la zona,
que huyeron ante el temor a ser deportados.
Mientras tanto, republicanos y demócratas en Washington
siguen intercambiándose acusaciones y culpándose
mutuamente de la lentitud con la que avanza el proyecto de reforma
migratoria.
La luz verde a la ley está pendiente de la armonización
de las versiones aprobadas respectivamente por el Senado y la
Cámara de Representantes, un proceso que podría
demorarse dada la proximidad de las elecciones legislativas fijadas
para noviembre. EFE
