Tegucigalpa
- El estado hondureño está a las puertas de ser
condenado nuevamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
por la ejecución arbitraria de cuatro jóvenes en
el año de 1995, informó a Proceso Digital un portavoz
de la organización Casa Alianza.
Este caso es conocido como “Los
cuatro puntos cardinales” en vista que los jóvenes
fueron encontrados ejecutados en las cuatros salidas de la ciudad
capital, después de que fueron arrestados por la policía,
por supuestamente participar en los disturbios del 15 de septiembre
de 1995.
El 11 de octubre del 2000, el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) y la Asociación Casa Alianza América
Latina presentaron denuncia ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), alegando la responsabilidad del Estado
de Honduras por la detención ilegal, tortura y posterior
asesinato de Marco Antonio Servellón García (16
años), Rony Alexis Betancourt Hernández (17 años),
Diómedes Obed García (18 años) y Orlando
Alvarez Ríos (32 años).
Los peticionarios alegaron que los hechos denunciados configuraban
la violación de los derechos reconocidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y los derechos del niño
en el caso de Marco Antonio Servellón García y Rony
Alexis Betancourt Hernández.
El caso se encuentra en la etapa de sentencia final porque el
estado hondureño se allanó a la demanda que presentó
la CIDH y el resto de peticionarios, aunque el Estado de Honduras
se opuso a la parte que señalaba que las muertes obedecían
a una política de limpieza social que imperaba en el país
en esa época.
“Esa fue la única oposición que hubo por parte
del estado en contra de la demanda, estamos esperando que ya vamos
a tener sentencia a finales de este año, donde será
casi seguro que el estado será una vez más condenado
por la Corte Interamericano por violaciones a los derechos humanos”,
dijo la abogada Martha Sabillón de Casa Alianza.
La entrevistada indicó que en el juicio se logró
determinar que la muerte de los jóvenes estuvo presidida
de una detención por parte de agentes de la Policía
Nacional y que, además, no se hizo una verdadera investigación
para dar con los responsables de este caso.
Dijo que aparte del caso “cuatro puntos cardinales”,
Casa Alianza presentó otra denuncia ante la CIDH de dos
niños de la ciudad de El Progreso, Yoro, que al igual que
los anteriores fueron arrestados por miembros de la policía
y posteriormente aparecieron ejecutados en una zona abandonada
y con signos claros de tortura.
Dijo que este hecho ocurrió hace ocho años y tampoco
hubo una investigación seria para detener y encarcelar
a los responsables a pesar de que las fuerzas sociales de El Progreso,
especialmente la Iglesia, hizo una fuerte campaña para
lograr que el caso se investigara y se castigara.
