Según
la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad de la ONU,
que acordó con Israel y Líbano el alto el fuego,
la retirada de las tropas israelíes de las posiciones que
conquistaron antes del cese de las hostilidades debe coincidir
con el despliegue de 15.000 soldados del Gobierno de Beirut, que
deben reemplazarlas.
Buena parte de los civiles que regresaban hoy a sus hogares, muchos
a viviendas parcial o totalmente destruidas por los cohetes de
Hizbulá, criticaban el alto el fuego acordado y se mostraban
desconfiados pues, según el leitmotiv popular, "dentro
de un tiempo volverán los terroristas".
La población del norte de Israel conoce esos cohetes desde
hace más de veinte años, cuando los disparaba desde
el sur de Líbano la guerrilla palestina antes de ser expulsada
tras la guerra de 1982.
El jefe de operaciones del Comando del Norte, coronel Alón
Fridman, anunció hoy que hacia finales de esta semana comenzarán
a evacuar el sur de Líbano los primeros reservistas, pero
de momento no se sabe cuándo llegará el Ejército
libanés.
Otras fuentes militares pronosticaban anoche que en un plazo de
24 a 48 horas comenzará a desplegarse en el sur de Líbano
una vanguardia de soldados de la ONU, aunque de momento se desconoce
su constitución y cuáles serán sus misiones
específicas.
La resolución 1.701 prevé el acantonamiento de una
fuerza de 15.000 efectivos de la ONU, que reforzará a un
contingente de 2.000 (FPNUL), que presta servicios en Líbano
desde 1978.
La misión de esos soldados -con los que servirían
militares españoles entre los de otros ejércitos-
será cooperar con los libaneses para garantizar el alto
el fuego y permitir al Gobierno de Beirut extender su control
en el sur hasta la frontera con Israel.
El Gobierno libanés, según lo resuelto por el Consejo
de Seguridad en su última resolución, deberá
asegurarse del cumplimiento de las anteriores resoluciones que
exigen el desarme de todos los grupos armados en Líbano.
Sin embargo, el líder del Partido de Dios, Hasan Nasrala,
advirtió anoche que "es un mal momento" para
discutir sobre el desarme de la Resistencia Islámica, el
brazo armado de su organización.
El desarme de los guerrilleros chíis, aparentemente más
poderosos que el Ejército libanés -entre cuyos 50.000
efectivos un 40 por ciento pertenecen a esa corriente islámica-
es para los israelíes la pieza clave de la resolución
de la ONU.
El jefe de FPNUL, el general francés Alain Pellegrini,
que se reunió ayer en su cuartel de Ras el-Nakura con el
jefe del Comando del Norte de Israel, Udi Adam, y con un oficial
militar libanés, ha declarado a la prensa que la situación
"es muy fluida".
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El
conflicto armado entre los milicianos de Hizbulá
y el Ejército israelí puede volver a estallar
por el menor incidente, advirtió.
Los milicianos, según fuentes militares israelíes,
dispararon esta madrugada cuatro proyectiles de mortero,
sin consecuencias, contra las fuerzas israelíes acantonadas
entre el río Litani y la frontera.
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"El
desarme de Hizbulá es una obligación asumida por
las autoridades libanesas", dijo hoy a la emisora pública
un alto funcionario del Gobierno israelí no identificado,
quien aseguró que "si no lo hace, lo haremos finalmente
nosotros".
En la guerra contra la milicia pro-iraní del Partido de
Dios participaron 30.000 soldados y reservistas de Israel, que
deben traspasar el control en el territorio entre el Litani y
la frontera internacional al Ejército libanés y
a la FPNUL.
El viceprimer ministro israelí, Simón Peres, a cargo
del desarrollo de Galilea y el desierto del Néguev, tenía
previsto reunirse hoy en Washington con la secretaria de Estado
norteamericana, Condoleezza Rice, antes de iniciar una gira por
Estados Unidos.
El veterano político solicitará ayuda del Gobierno
estadounidense y las comunidades judías para conseguir
1.000 millones de dólares, destinados a la reconstrucción
de miles de viviendas, edificios públicos, comercios y
establecimiento fabriles en el norte del país.
Según fuentes militares, los milicianos de Hizbulá
dispararon 3.970 misiles y cohetes Katiusha contra decenas de
localidades de las comunidades judía, árabe y drusa
en Galilea. Los daños materiales se calculaban en más
de 1.500 millones de dólares.